Los diputados de la oposición presentaron el miércoles una acusación política contra el presidente chileno Sebastián Piñera por faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación por su supuesta vinculación con la venta de una propiedad familiar para favorecer un proyecto minero.
El juicio político o acusación constitucional se basa en las revelaciones de los llamados Papeles de Pandora, que a comienzos de mes revelaron negocios de autoridades y millonarios en paraísos fiscales.
El juicio político fue introducido en la Cámara de Diputados, la que sorteó a los cinco miembros de una comisión revisora que analizará y hará recomendaciones a la sala, que no necesariamente deben ser acogidas por el pleno. Luego de ser notificado Piñera tendrá 10 días para responder al grupo.
La iniciativa busca aclarar el papel del mandatario en la venta a un empresario amigo del proyecto minero y portuario Dominga, firmado en diciembre de 2010 a nueve meses de iniciar su segundo mandato presidencial.
Dos ministros criticaron el inicio del juicio. El vocero presidencial Jaime Bellolio afirmó que “es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos”, en momentos en que se desarrolla la campaña electoral para los comicios presidenciales y legislativos del 22 de noviembre. El ministro de la Presidencia, Juan José Ossa, agregó que es “un trabajo jurídico poco serio”.
La acusación se suma a la investigación penal iniciada la semana pasada por la Fiscalía Nacional contra el mandatario por presuntos delitos tributarios, cohecho y soborno por la venta de Dominga, que condicionó el pago de la última de tres cuotas por 10 millones de dólares a que “no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto”, dijo la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
En agosto de 2010 Piñera anunció la reubicación de una termoeléctrica a carbón ya autorizada. Explicó que logró el cambió tras conversar con los dueños y que lo hizo para alejarla de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en el norte de Chile. En ese momento se desconocía que su familia estaba a punto de firmar la venta de Dominga, proyecto que busca instalarse en La Higuera, la misma comuna de la que fue sacada la termoeléctrica, a 30 kilómetros de una reserva marina.
Tras la presentación de la acusación el diputado opositor Gabriel Ascencio declaró que “es imposible no creer que el presidente es culpable”.
Su colega Jaime Naranjo dijo que con la presunta vinculación de Piñera con el caso Dominga “se pone en cuestión el honor de la nación” y el artículo constitucional sobre probidad.
Piñera alega en su defensa que la venta “no me fue consultada ni informada” y que todo sobre el negocio de Dominga fue conocido durante una investigación judicial de 2017 que lo sobreseyó de supuestos delitos por la compra de una pesquera peruana por parte de una de sus empresas.
Sin embargo, Herrera afirmó que “no hay cosa juzgada” porque el presunto pago condicionado al proyecto de la minera se desconocía.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros, se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene 83. En el Senado se requieren dos tercios de los 43 legisladores (29) y los acusadores tienen 24. Se estiman que sería difícil para conseguir los cinco votos adicionales que precisa.
En el hipotético caso de que la acusación prosperara en el Congreso, el mismo debería elegir en un pleno a un reemplazante.
Este es el segundo juicio político que enfrenta Piñera. El anterior fue presentado en 2019 por las graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de un estallido social y fue rechazado en la Cámara, por lo que no pasó al Senado.