La Consulta Popular busca ponerle límites a la clase política ecuatoriana, asegura Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Dijo que se busca, por ejemplo, reducir el número de asambleístas, transparentar a los movimientos políticos y quitarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así lo aseguró en las entrevistas del noticiero 24 Horas de Teleamazonas.
Este miércoles 25 de enero del 2023, Sichel aseguró que el Cpccs es «un grupo de políticos disfrazado de ciudadanos». Además dijo que es una Asamblea pequeña, que entra siempre en conflicto con la Asamblea Nacional. Tanto así, asegura, que no han podido designar autoridades en años.
La consulta, asegura, les va a quitar las facultades de designar autoridades. «Si queremos más justicia, un mejor Consejo de la Judicatura, una mejor Fiscalía, un mejor Consejo Nacional Electoral necesitamos regresar a ver a quién designa esas personas».
Asimismo, Sichel dijo que no debe sorprender que «los mayores afectados y opositores de la Consulta son asambleístas o candidatos al Cpccs». Sostiene que les va a afectar porque se les quitaría «su sustento de vida, que por años lo que han hecho es valerse de los recursos públicos que deberían ser sagrados».
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Sobre la extradición
Con respecto a la extradición, la subsecretaria aseguró que se trata de una herramienta para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Dijo que ya existe el marco jurídico internacional para que se pueda aplicar y dar inicio a los procesos de extradición. Además sostuvo que implicará un proceso para que esta figura se comience a tramitar.
Según Sichel, Colombia y México son los países en donde mejor se ha aplicado la extradición. En Colombia, desde que se aprobó ha habido más de 3 000 procesos, asegura. «Esto permite desmantelar y debilitar a las bandas criminales que se encuentran delinquiendo en Ecuador. El país ahora es el escondite de los criminales».
Mientras en Colombia saben que pueden ser requeridos por la justicia, en Ecuador saben que están protegidos por las leyes, dijo la funcionaria. «Lo que buscamos a través de esta medida es establecer un mecanismo de cooperación internacional. Si los delincuentes son tan audaces como para cooperar entre carteles es nuestro deber humano entre Estados cooperar para desmantelarles».
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