La justicia ecuatoriana está en la mira, pero, ¿Cuáles son las soluciones a escandalosas resoluciones de jueces y fiscales que han dejado en libertad a asesinos y narcotraficantes?
Un penalista y un constitucionalista aseguran que es la Corte Constitucional y la Corte Nacional quienes deben reaccionar. Para el constitucionalista Iván Castro el primer organismo mencionado debe dictar precedentes vinculantes y sentencias estipulativas que señalen como proceden determinadas acciones de garantías constitucionales.
Castro además coincide con el penalista Pablo Encalada, pues identifican que el abuso de las acciones constitucionales no solo las usan narcotraficantes y asesinos también la clase política para solucionar sus problemas, y esto debilita el sistema.
“Los llamados a corregir estos problemas son los que también están utilizando de una manera tramposa las acciones constitucionales”, dice Encalada.
“Un manoseo permanente, producto de que todas las funciones del Estado quieren meter manos en la justicia” argumenta el constitucionalista.
En tanto que, la asociación de jueces rechazó las palabras del presidente Guillermo Lasso, quien amenazó con exponerlos ante la opinión pública tras la liberación del líder de la banda criminal más grande del país.
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