La asambleísta Gissela Garzón presentó una solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó este 7 jueves de diciembre.
La petición de juicio la presentó el pasado 27 de noviembre, y dijo que esta era una de las primeras acciones de fiscalización que emprende la bancada de la Revolución Ciudadana.
Según los argumento de Garzón, la fiscal Salazar habría incumplido sus funciones en materia de seguridad.
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Tras conocer la resolución del CAL, Garzón señaló que según el art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al CAL le corresponde revisar los requisitos de forma, al cumplirse, se ha calificado el proceso de enjuiciamiento político que será enviado a la Comisión de Fiscalización para continuar con su tratamiento.
Por su parte esta comisión legislativa, liderada por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, deberá preparar un informe que recomiende el juicio o el archivo del trámite contra la fiscal Salazar.
Tras la aprobación del CAL, la asambleísta Viviana Veloz también celebró la decisión y sostuvo que «demostrarán el incumplimiento de funciones, con pruebas«.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado reaccionó a la aprobación de la solicitud y dijo que «esta carece de argumentos fácticos y jurídicos«.
El argumento para rechazar esta solicitud es que “[.] la Solicitante ha anunciado como prueba el requerimiento de rendición de testimonios de operadores de justicia (fiscales y jueces de la Corte Nacional), omitiendo precisar sobre qué hechos específicos versarán sus testimonios, presumiéndose que los mismos declararán sobre información de casos penales sometidos a la justicia ordinaria y de las funciones o competencias de funcionarios de la Función Judicial, y no bajo el fundamento del incumplimiento de funciones de la Fiscal General del Estado, previsto en el artículo 131 de la Constitución de la República, siendo necesario atender al marco constitucional respecto de estos funcionarios”.
Con este argumento la Fiscalía asegura que se existe una «flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones consagrada en la Constitución de la República».