El juez Luis Rivera dejó, este miércoles 30 de noviembre del 2023, en manos de la Asamblea Nacional la posibilidad de abrir un nuevo juicio penal al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de presunto peculado en el caso reconstrucción de Manabí.
Con un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó sobre la decisión judicial. La calificó como «innecesaria y dilatoria» al no ser actualmente Glas un funcionario público en funciones y existir ya precedentes en casos similares.
Sin embargo, el magistrado Rivera envió una solicitud para que la Asamblea Nacional, donde el correísmo es la primera fuerza, autorice o no el enjuiciamiento del exvicepresidente, que recuperó su libertad el año pasado tras haber pasado 5 años en la cárcel por condenas en firme por corrupción.
La Fiscalía recordó como precedente lo ocurrido en junio del 2018 con Rafael Correa, cuando el Legislativo con 83 votos «declaró improcedente la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente al caso del secuestro de Fernando Balda«.
En aquel momento, se argumentó que el exmandatario ya no se encontraba en funciones y, por lo tanto, «no había impedimento» para enjuiciarlo.
Lea también:
- Reconstrucción Manabí: Audiencia de formulación de cargos contra Glas se difiere por tercera ocasión
- Soledad Padilla pidió a las militantes de la RC «decir la verdad» sobre Jorge Glas
Además, la Fiscalía expresó su preocupación por las actuaciones del juez Rivera. En el documento señaló que el magistrado no ha fijado fecha y hora para la formulación de cargos en el caso de ‘Independencia judicial’. Proceso en el que se investiga a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y al vocal Xavier Morillo.
También recordó que Rivera dictó el sobreseimiento del caso ‘Helicópteros Dhruv’, sobre presunto peculado. Caso en el que están involucradas dieciocho personas por la adquisición de siete helicópteros militares Dhruv durante la administración de Correa.
«Aunque respetuosa de las competencias de cada institución, la Fiscalía considera que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia del Estado«, concluyó la Fiscalía.
Tras conocer la decisión, la fiscal general Diana Salazar se pronunció en sus redes sociales y dijo que cada día es más evidente que buscan el juicio político porque a ella «no le pueden controlar para tener impunidad«, como lo «hacen con ciertos jueces que dilatan los procesos». Y agregó que están haciendo un fuerte daño a «las arcas del Estado«.