El juez constitucional Manuel P., emitió una orden dirigida a la Defensoría del Pueblo de Ecuador para investigar denuncias de supuestas acciones de tortura por parte de militares en varias cárceles del país.
Además de esta orden, el juez Manuel P. también solicitó que se brinde atención médica continua a los reclusos, según informó el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, este domingo 11 de febrero de 2024.
La entidad presentó un recurso de hábeas corpus sobre la situación penitenciaria.
#ContraLaGuerra, juez constitucional a través de un habeas corpus presentado por @CDHGYE declaró como responsable a las @FFAAECUADOR @EjercitoECU por vulnerar el derecho a la integridad personal de personas detenidas.
— Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (@JusticiCarcelEc) February 11, 2024
Como medida de reparación integral resolvió: pic.twitter.com/Ugb34afBP5
El juez Manuel P., según la fuente, ordenó «dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas» y pidió a la Defensoría del Pueblo que en el plazo de 45 días investigue las denuncias de supuestos «actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador».
También exhortó «a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad«, y señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe «otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa» a los reos, quienes no tiene «porqué pagar por eso», según el comunicado del Comité.
De momento, ni el Gobierno ni las fuerzas del orden se han pronunciado ante esta decisión judicial que se da en el marco de las operaciones conjuntas que realizan militares y policías a escala nacional, en cárceles y calles, para poner fin a la de violencia en todo el país.
Situación en Ecuador
El pasado 9 de enero el Gobierno del presidente Daniel Noboa aplicó un estado de excepción y decretó el conflicto armado interno para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado.
La ola de acciones violentas se desató cuando aparentemente el presidente de Ecuador se disponía a poner en marcha el denominado «Plan Fénix» contra el crimen.
En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia también se trasladó a las calles, hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos de la región, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
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