El juez nacional Felipe Córdova llamó a juicio a Lenin Z., Jessy M. y Roberto A., magistrados de Guayas, en calidad de presuntos autores directos del delito de prevaricato. Así lo informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 13 de marzo del 2024.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el juez Córdova también ratificó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. Además, dictó prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
En esta diligencia se presentaron versiones, oficios, acciones de personal de los procesados y documentos de entidades del Estado. Asimismo se incluyó una sentencia de la Corte Constitucional en la que menciona que los jueces, Lenin Z. y Jessy M., habrían incurrido en error inexcusable al aceptar una acción de protección que dejó sin efecto una medida cautelar ordenada en un proceso penal.
También el juez Roberto A. habría incurrido en estas acciones. El magistrado habría alterado arbitrariamente esta decisión para incluir nuevas víctimas no contempladas en ella, contraviniendo norma expresa.
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En la sentencia de la Corte Constitucional se precisa que la acción de protección ordenó la restitución de 7´ 387 240 dólares y luego 5 236 930 dólares a las empresas Ibicampus S.A., Lemantec S.A, Multiregi S.A., Multisun S.A. y a los exaccionistas de la empresa Judamain S.A., lo que causó un perjuicio al Estado.
La Fiscalía procesó a los jueces a Lenin Z., Jessy M. y Roberto A. el 18 de octubre de 2023 por presunto prevaricato. Y el pasado 14 de febrero, el Juez Felipe Córdova instaló la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en la que se declaró la validez procesal y luego se escuchó a las partes procesales. La audiencia se suspendió para analizar la resolución que fue comunicada este miércoles.
Esta decisión se da en el marco de la crisis judicial develada por los casos Metástasis y Purga, donde jueces y otros funcionarios judiciales están involucrados en presuntos actos irregulares que habrían beneficiado a políticos, narcotraficantes y otros procesados en casos de corrupción.
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