Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite Ecuador. En un comunicado, la Judicatura anunció que Terán envió el documento formal este 17 de abril de 2023 a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.
En el documento, Terán pidió que el organismo visite el país «para constatar la grave problemática (económica) que afecta a la Función Judicial». También solicitó que se evalúe el impacto negativo que esto tiene en el cumplimiento de los derechos humanos.
La solicitud de 10 páginas cita varias razones por las que se requiere esta visita. Pero el enfoque principal es evidenciar la falta de presupuesto. Por ejemplo, el documento dice que la Función Judicial tiene 10 480 servidores públicos a escala nacional. Sin embargo, para brindar un servicio eficaz y eficiente se necesita cubrir 1 648 partidas más que están vacantes.
Además, dice el documento, hay 598 servidores en edad jubilar y de grupos de atención prioritaria, quienes, por la situación económica actual del Consejo de la Judicatura, no pueden acceder a su derecho a la jubilación.
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Asimismo, dijo Wilman Terán en la solicitud, se registran 651 485 causas represadas a escala nacional que no se pueden atender con la cantidad actual de funcionarios que hay. «Es imperante la incorporación de 692 jueces», dice el presidente de la Judicatura.
La situación económica de Judicatura
La Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura evidenció que, en los últimos 10 años, el presupuesto ha disminuido considerablemente. Esto, concluye la dirección, ha limitado la capacidad de respuesta institucional.
La falta de presupuesto impide dar mantenimiento a las dependencias judiciales, adquirir insumos y contratar personal para cumplir con la misión y visión de la Judicatura. Además, dice el titular de la institución, genera un sentimiento de desconfianza en la sociedad.
Además, una de las mayores preocupaciones que tiene el Consejo es el impacto que puede tener la situación actual del sistema de justicia en aquellos grupos que se encuentran expuestos a mayor riesgo. La demora en los procesos judiciales, dice la institución, no solo implica la acumulación de causas y retrasos en el sistema de justicia, sino también una vulneración de los derechos de los ciudadanos.
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