El parlamento de Israel no renovó el martes una ley que prohíbe a los ciudadanos árabes extender su ciudadanía o sus derechos de residencia a cónyuges de la ocupada Cisjordania y Gaza, en una ajustada votación que planteó dudas sobre la viabilidad del nuevo gobierno de coalición.
El resultado de 59 votos a favor y 59 en contra, tras toda una noche de debate en la Knesset, era un importante revés para el primer ministro, Naftali Bennett.
El nuevo mandatario, que confiaba en alcanzar un compromiso entre su conservador partido Yamina y las facciones más progresistas de su dispar coalición, sufrió en su lugar una dolorosa derrota en una votación que, según medios, había descrito como un referendo sobre el nuevo gobierno. Ante la falta de acuerdo, la ley expiraría el martes a media noche.
La Ley de entrada y ciudadanía a Israel se aprobó como medida temporal en 2003, en el cénit de la segunda intifada, o alzamiento, en la que los palestinos realizaron decenas de ataques mortales en Israel. Los defensores de la medida alegaron que los palestinos de la ocupada Cisjordania y Gaza eran susceptibles de ser reclutados por grupos armados, y que las comprobaciones de seguridad eran insuficientes para controlar el riesgo.
Mientras el texto estuvo en vigencia, los ciudadanos árabes, que suponen una quinta parte de la población, han tenido pocas o ninguna forma de llevar a sus cónyuges de Cisjordania o Gaza a Israel. Los detractores de la ley, incluidos muchos legisladores árabes y de izquierdas, afirman que es una medida racista que pretende restringir el crecimiento de la minoría árabe israelí. Sus partidarios decían que era necesaria por motivos de seguridad y para preservar el carácter judío de Israel.
La ley se ha ido renovando de forma anual y parecía tener apoyo mayoritario en el parlamento, dominado por partidos nacionalistas conservadores. Pero el Partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus aliados, decidieron oponerse para dejar en mal lugar a Bennett y perjudicar a su coalición, que incluye a un pequeño partido árabe.
“Con todo el respeto por esta ley, la importancia de derrocar al gobierno es mayor”, dijo Netanyahu el lunes. “Esto no es sólo una ley. Es una ley que deja al descubierto la falla interna en este gobierno, cuyo propósito es aprobar un programa antisionista”.
Bennett propuso un acuerdo con miembros progresistas de la coalición que habría renovado la ley seis meses y ofrecido derechos de residencia a unas 1.600 familias árabes, una pequeña parte de los afectados. Pero la medida se vio derrotada, en parte porque dos miembros árabes de la coalición se abstuvieron. La votación dejó sobre la mesa las profundas divisiones y la fragilidad del nuevo gobierno.
La decisión, sin embargo, dio algo de esperanza a las familias árabes afectadas. La ley había creado un sinfín de complicaciones para las familias palestinas que se extienden por las fronteras invisibles trazadas por la guerra y que separan Israel de Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, territorios ocupados en la guerra de 1967 y que los palestinos reclama para formar un estado.