30 personas son investigadas por una presunta red de corrupción en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. La Fiscalía General del Estados (FGE) indaga el proceso de la construcción y ampliación de muelles.
Este viernes 2 de febrero del 2024, 18 personas fueron vinculadas al proceso por presunto peculado que se investiga desde hace un año. El juez, responsable del caso, dictó prisión preventiva para cuatro procesados, mientras que los 14 restantes deberán presentarse periódicamente, tienen prohibida la salida del país y usarán un dispositivo de vigilancia electrónica.
Según la Fiscalía, ellos serían parte de una red de corrupción que habría participado en un proceso de contratación para la construcción y ampliación de muelles, que habría ocasionado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
¿Cómo ocurrió el peculado?
En marzo de 2022 se inició una investigación tras recibir una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la contratación de una obra por parte de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas en 2019.
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El fiscal explicó en la diligencia que en los pliegos del proceso de licitación, que sirvieron para la convocatoria del proceso de contratación de la obra por parte de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, se convocó a participar a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que mantengan su domicilio fiscal en Ecuador.
Sin embargo, el registro del domicilio de la empresa ganadora se efectuó de manera posterior a las fechas de adjudicación y suscripción del contrato de la obra. Al igual que su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Es así que la Comisión Técnica que participó en la calificación de ofertas y los otros funcionarios procesados habría declarado como ganadora a una empresa sin haber cumplido lo establecido en los pliegos contractuales.
Durante la audiencia de este viernes se presentaron más de 70 elementos de convicción, recabados en la investigación previa. Entre los que se incluye el informe de contratación pública, la pericia contable financiera, la certificación de la Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Además, Fiscalía expuso documentos que establecerían la relación de los 30 procesados como funcionarios públicos en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, cuando se habría cometido el delito.
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