La Comisión de Régimen Económico aprobó con ocho votos afirmativos el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos.
El informe del proyecto urgente en materia económica recoge varias observaciones presentadas en la etapa de socialización. Entre ellas: la extinción de dominio se declarará a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso jurisdiccional. También se determina que la acción prescribirá después de transcurridos ochenta años.
Además, se incluye como fase preliminar, la de indagación y verificación de existencia de bienes. El plazo para la fase de investigación patrimonial será de seis meses y se creará la unidad antilavado de activos en el SERCOP.
En el articulado se define como actividad ilícita, a toda aquella tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia. “En ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio”, dice el texto.
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En el debate previo a la votación, algunos legisladores hicieron observaciones que la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango (ADN), dijo que serán analizados cuando la propuesta sea devuelta por el pleno para el informe de segundo y definitivo debate.
De acuerdo con el informe, la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, deberá ser destinada en un 80 % a inversión en programas de desarrollo integral infantil.
También se puede destinar el dinero para atender los efectos de desastres y fenómenos naturales a nivel nacional o proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, vial, deportivo o cultural.
El 10 % de la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, será destinado a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía General del Estado.
El informe incluye una disposición transitoria que permite la remisión del 100 % de intereses, costos y gastos administrativos.
A la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa, con carácter de económica urgente, los integrantes de esta mesa legislativa le hicieron modificaciones, especialmente en el tema de los tiempos para investigar los bienes pertenecientes a líderes criminales.
Para la fase de investigación patrimonial, en el borrador del informe, la Comisión no acoge ni los tres meses que proponía el Ejecutivo ni los 12 meses que pedía la fiscal del Estado, Diana Salazar.
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