La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó este lunes una denuncia por un delito de lesa humanidad.
Lo hizo contra varios dirigentes del Estado ecuatoriano, por presuntas vulneraciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones de octubre de 2019.
Al cumplirse un año de esas protestas, varios representantes de pueblos y nacionalidades ancestrales del país participaron este lunes en un acto ritual en la capital, en el parque de El Arbolito.
Este, el epicentro de los disturbios, para desplazarse después a la Fiscalía General del Estado y realizar el ingreso formal del documento.
Denuncia presentada contra el Estado
La denuncia ha sido presentada contra el Estado y contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el comandante general de la Policía Hernán Carillo.
«Demandamos a las principales autoridades por un delito de lesa humanidad», tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, explicó el abogado Carlos Poveda durante una rueda de prensa que ofrecieron los representantes indígenas en el parque, en medio de una pequeña concentración.
«Hubo un ataque a la población civil, porque hubo ejecuciones extrajudiciales (..) El hecho de que se use la fuerza pública para amedrentar es una ejecución extrajudicial», agregó sin mayores argumentos ni pruebas.
Las protestas de octubre del 2019
En los disturbios de octubre de 2019, que estallaron como protesta social por la eliminación de los subsidios a las gasolinas -luego derogada para pacificar el país-, murió una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas agentes de seguridad.
Aunque inicialmente fueron convocadas por los gremios de transporte y sindicatos, el movimiento indígena encabezó las protestas, sobre todo a partir del tercer día, y fue el que negoció una salida con el presidente, a quien ahora demanda.
Lesa Humanidad
El Gobierno ha asegurado repetidamente que no hubo violación de derechos humanos, y que se emplearon únicamente medios antidisturbios legítimos y autorizados por derecho.
Poveda destacó que desde hace un año se ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie e investigue las muertes y heridas de miembros de los pueblos indígenas pero que «ha pasado un año y no ha ocurrido nada».
Jaime Vargas
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, advirtió en la rueda de prensa que si el Estado no investiga, «si no responden», el movimiento acudirá a «instancias internacionales».
«Hemos declarado a este el mes de la resistencia; octubre rebelde para seguir luchando desde nuestros territorios. Estaremos hasta las últimas consecuencias por los perseguidos, los encarcelados, los familiares que perdimos», indicó el líder indígena.
En el lugar se realizó, junto con la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, uno de los muertos, un pequeño homenaje ritual a las víctimas de ese levantamiento, que el Gobierno reclama vino instigado desde afuera por grupos correístas y algunos Gobiernos extranjero como el de Venezuela.
Poveda recordó que en los choques murieron 11 personas y hay más de 300 «mutilados», pero se quejó de que no ha habido investigaciones de esas víctimas.
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«La rebeldía que nos dio la legitimidad para levantarnos en el mes de octubre, hoy se está abonando porque no se está dando respuestas a las necesidades», manifestó por su parte la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Nayra Chalán.
EFE