Dirigentes indígenas declararon «en emergencia» a la provincia del Napo.
Denunciaron afectaciones por actividades mineras y pidieron a las autoridades medidas de protección, reparación y fiscalización.
«Pedimos la (declaración de) emergencia para la provincia de Napo, no solo por la minería sino por la vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades», manifestó la presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), Rocío Cerda, en una comparecencia acompañada por líderes de diferentes organizaciones nacionales y regionales.
De acuerdo con testimonios de los líderes locales, Napo vive una situación crítica producto de las actividades extractivas mineras, tanto ilegales como legales, que se realizan sin los requeridos procesos de consulta previa, libre e informada a la población nativa.
Ejemplo
Caso particular es el de la comunidad de Yutzupino, donde se reportan denuncias por contaminación de los ríos por mercurio, destrucción de la naturaleza selvática, hostigamiento y amenazas a los dirigentes comunitarios, conforme a las denuncias.
Cerda subrayó que las Fuerzas Armadas ecuatorianas llevaron a cabo recientemente un operativo en varias comunidades de la zona, después de que 150 excavadoras y 4.000 personas participaran en actividades mineras ilegales «bajo un resguardo de concesiones legales de la compañía Terraerth Resources».
Los territorios naturales de Napo se ven afectados por alrededor de 137 concesiones mineras.
El problema en torno al sector Yutzupino se agudizó con la entrada hace medio año de maquinaria pesada y equipos de la minera de capital chino que, tras una demanda de protección y las protestas de los afectados, dio marcha atrás y mantiene suspendidas temporalmente las actividades.
La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Zenaida Yasacame, censuró que pese a las denuncias respecto a la situación en la provincia, «hasta ahora no somos escuchados», y pidió al Gobierno que «esto no sea una suspensión temporal», sino definitiva de la actividad extractiva, «que sufre la Amazonía ecuatoriana por más de 40 años».
La Confederación exige la incautación de la maquinaria, investigaciones y sanciones a las autoridades que han permitido el ingreso de la minera, y al igual que otras organizaciones, una mesa de diálogo con las nacionalidades amazónicas para analizar la afectación ambiental.
Por su parte, el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), José Gregorio Díaz Mirabal, aseveró que en Napo «los ríos están muriendo por la contaminación del mercurio» y se preguntó «dónde están los acuerdos suscritos a nivel internacional».
Al mismo tiempo declaró la cuenca amazónica, que engloba a nueve países ribereños «en emergencia» y a la provincia afectada «en resistencia», después de condenar que en esta región considerada el pulmón del planeta, «están siendo vulnerados todos los derechos de las familias y de la naturaleza».
Díaz Mirabal apuntó al Decreto presidencial 151 promulgado el año pasado, que estipula un plan de acción para intensificar la minería en el país, como desencadenante de la situación y abonar el terreno para las prácticas ilegales más nocivas con el entorno.