Los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados por el presidente Daniel Noboa, en los que ordenó el despliegue de militares a las calles y en las cárceles, presuntamente produjeron «serias violaciones de los derechos humanos» por parte de las fuerzas de seguridad. Así lo detalla el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
La presidenta de HWR para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a EFE que «los informes de la Fiscalía de Ecuador hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales«.
El documento del organismo de derechos humanos señala que «los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica» además de supuestas «palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios».
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Estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de derechos humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que expresó su inquietud por «las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida».
La organización también alerta de la fragilidad del sistema judicial y del número de denuncias de corrupción, así como de su escasa capacidad y seguridad para combatir la impunidad y el crimen organizado.
«Jueces y fiscales corren peligro y carecen de protección adecuada. Al menos 15 han sido asesinados desde 2022″, recordó HRW, entre los que se encuentra el fiscal César Suárez, quien indagaba sobre el asalto de una banda criminal al canal TC Televisión durante una emisión en directo.
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