El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Renato González, asegura que hubo complicidad y no solo omisiones de parte de la Superintencia de Compañias en el caso Isspol. Adelanta que se iniciarán acciones legales contra el destituido superintendente y otras autoridades.
Luego de la destitución de Víctor Anchundia resuelta por la Asamblea Nacional tras un juicio político, la Superintendencia de Compañías ha sido encargada Doris Alvarado, intendente nacional de esa entidad.
A Anchundia lo censuró y destituyó la Asamblea por no haber dispuesto acciones de control oportunas para frenar el millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía.
Renato González, director del Isspol asegura que no sólo hubo omisiones sino también complicidad de parte de la Superintendencia de Compañías.
«Aquí lo que existe es un claro caso de crimen organizado y lo hemos manifestado con dos palabras político, económico o trasnacional», enfatiza González.
Además, adelanta que se iniciarán acciones legales contra el destituido funcionario y otras ex autoridades.
En Guayaquil hay cinco procesos en marcha. Dos por falsedad de información, vinculados a presuntas irregularidades cometidas en el depósito centralizado de valores Deceval y en la casa de valores Citadel. Solo aquí se abría viabilizado un desfalco de al menos 300 millones de dólares.
En este caso, que tiene alcance internacional, tiene un perjuicio de al menos 950 millones de dólares al instituto. Según información del Isspol el desfalco habría empezado incluso antes de 2013, fecha que se había tomado inicialmente como punto de partida para la investigación.
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