El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo este viernes que en Chile «no hay presos políticos» por lo que se mostró contrario a que el Congreso legisle un indulto para los detenidos por delitos durante las protestas sociales que comenzaron en octubre de 2019.
«En mi opinión, no hay presos políticos en Chile. La categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión», dijo Vivanco al diario local El Mercurio.
«También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas. Nosotros no conocemos evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile», continuó el abogado chileno.
Vivanco hizo estas declaraciones a raíz de la aprobación esta semana por la comisión de Seguridad Pública del Senado chileno de la idea de legislar un proyecto de ley que busca otorgar un indulto a quienes están bajo prisión preventiva por presuntamente haber cometido hechos de violencia durante las protestas sociales.
A su juicio, aunque la motivación para manifestarse de algunas de estas personas sea buena, si han cometido delitos «deben ser sancionados».
«Este proyecto de ley me parece un grave error. No creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas», dijo Vivanco, al tiempo que agregó que ofrecer el indulto también «desincentiva la obligación de protestar pacíficamente».
Vivanco subrayó, no obstante, que «quienes hayan cometido un delito deben ser juzgados con todas las garantías del debido proceso».
«Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales para asegurar el respeto pleno del debido proceso de los manifestantes acusados por delitos y, al mismo tiempo, iniciar una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo sobre prisión preventiva», señaló.
En ese sentido, afirmó que «en Chile, al igual que en el resto de América Latina, hay un abuso en la prisión preventiva» y afirmó que esta «no puede ser la norma» sino algo excepcional.
El estallido social que comenzó en Chile en octubre de 2019, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de muertos, así como miles de heridos y de detenidos por episodios de violencia extrema, vandalismo, saqueos e incendios, entre otros.
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Al mismo tiempo, las fueras del orden del cuerpo policial de Carabineros y del Ejércitos quedaron en entredicho y fueron acusadas de ejercer represión y violar derechos humanos para sofocar las protestas.
En la actualidad, hay más de 4.600 causas abiertas contra agentes de la Policía o militares y organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional (AI) o la propia HRW han denunciado los abusos policiales en Chile.
EFE