‘Código rojo’ es el nombre de la iniciativa que registra las violaciones de derechos humanos a las trabajadoras sexuales en Ecuador. El proyecto lo ejecuta la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts).
Según Karina Bravo, coordinadora regional de Plaperts, el objetivo es demostrar a Estado que existe una vulneración de derechos hacia las trabajadoras sexuales. Además, esperan recabar información para incidir en la generación de políticas públicas.
Esta iniciativa piloto es impulsada en colaboración con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave y en las próximas semanas llegará a Perú y El Salvador. Su financiamiento está a cargo del Fondo Mundial para la lucha contra el sida.
No obstante, Plaperts aspira a replicar este proyecto en los quince estados donde tiene presencia, aseguró Bravo. El objetivo final es realizar un informe regional al cabo de un año para presentarlo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
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Con esto se espera llegar a un juicio que reconozca la situación de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las personas dedicadas al trabajo sexual, en su mayoría mujeres.
De acuerdo con el informe ‘Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador’, el 79 % de las trabajadoras sexuales se ven expuestas a una condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal. Por ello se ven expuestas a múltiples violencias y situaciones de desamparo.
Esta realidad se ha recrudecido desde la covid-19, señaló Bravo y recordó que aumentaron los feminicidios en esta actividad laboral.
Además, Bravo apuntó que el estigma hace que se vincule a estas trabajadoras con el narcotráfico y el crimen organizado, si bien aseguró que el aumento de la inseguridad en el país andino afecta de manera desproporcionada a estas mujeres.
La coordinadora de Plaperts demandó al Estado ecuatoriano que “se reconozca el trabajo sexual como trabajo, el derecho a transitar libremente en la calle, a vivir una vida libre de violencias” y también instó al Gobierno a que garantice “el derecho a la autonomía del cuerpo”.
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