La Asamblea Nacional no alcanzó los votos necesarios para aprobar la moción de destitución de Guadalupe Llori como asambleísta. La propuesta en su contra alcanzó 82 votos. Se requerían 92 afirmativos para proceder con este pedido de la Comisión de Ética.
Sin embargo, esa decisión no quedó en firme puesto que está pendiente una nueva votación tras la aprobación de la reconsideración.
#PlenoLegislativo | Con 82 votos afirmativos, 14 negativos y 29 abstenciones no se aprueba la moción de @johaortizv para acoger el informe del @ComiteDeEticaAN, que recomienda la destitución de la legisladora @esperanzalloria. pic.twitter.com/SifslFnww5
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 24, 2022
El titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, recordó que aprobada la reconsideración planteada por el legislador Celestino Chumpi, corresponde a la asambleísta Johanna Ortiz, proponente de la moción de destitución, volver a presentar la propuesta para ser sometida nuevamente a votación.
La moción de destitución de Guadalupe Llori Abarca, obtuvo 82 votos afirmativos, 14 negativos y 29 abstenciones, mientras que la reconsideración obtuvo 81 votos afirmativos, 33 negativos y 10 abstenciones.
#PlenoLegislativo | El legislador @CChumpi pide la reconsideración de la votación de la moción de @johaortizv.
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 24, 2022
Con 81 votos afirmativos se reconsidera la votación inicial. pic.twitter.com/wKPYDFUm3B
El informe del Comité halló que supuestamente varios funcionarios de la Asamblea pagaban la renta y el combustible de un vehículo Ford Explorer 2019 para la movilización en horas inusuales de trabajo, incluso en fines de semana.
Defensa
Por el lapso de 38 minutos Llori ejerció su derecho a la defensa. En sus argumentos, destacó que cumplió a cabalidad las actividades encomendadas durante su cargo como Presidenta de la Asamblea Nacional. Aseguró que jamás pidió ninguna contribución o aporte de algún exfuncionario, funcionario o servidor legislativo para el alquiler de un vehículo para su movilización.
Señaló que la denuncia planteada por la legisladora Johanna Ortiz no tiene fundamento, porque el pago de la supuesta renta del vehículo no proviene de fondos públicos ya que la remuneración al ser depositada en cuentas de los servidores legislativos constituyen fondos privados.