El Grupo de Puebla se encuentra entre las organizaciones y juristas internacionales que participarán en la audiencia judicial de apelación del recurso de habeas corpus que pide la libertad del exvicepresidente Jorge Glas.
El objetivo es que pueda ser acogido por México, cuyo Gobierno le dio asilo antes de ser detenido en su embajada en Quito. En una rueda de prensa de este martes 14 de mayo del 2024, el equipo legal que defiende a Glas anunció las incorporaciones de estos apoyos internacionales bajo la figura del ‘amicus curiae’ a la apelación del habeas corpus.
Una jueza declaró el primera instancia la detención como ilegal y arbitraria, pero ordenó que siguiera en prisión por la pena que sigue vigente por dos condenas anteriores por corrupción. Glas llevaba alojado en la delegación diplomática mexicana desde el 17 de diciembre de 2023, cuando llegó para solicitar asilo.
En el momento de su detención, sobre el exvicepresidente pesaba una orden de prisión preventiva por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
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Además del Grupo de Puebla, también participarán en la audiencia como ‘amicus curiae’ de la demanda en favor de Glas el Observatorio de Lawfare, el jurista argentino Eugenio Zaffaroni y el exembajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorenti.
A través de una videconferencia, el cofundador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, aseguró que para su organización este desafío es primordial. A su juicio, corre peligro la vida de Glas, que desde su detención lleva más de un mes encarcelado en La Roca.
Enríquez-Ominami señaló que el Grupo de Puebla lleva años siguiendo el caso de Glas al considerar que el juicio en el que se le condenó no tuvo un debido proceso. Afirmó que ahora se ha violado la condición de asilado que le había dado México.
Denuncian «‘lawfare’ internacional»
Támara Lajtman, del Observatorio de Lawfare, aseguró que en Ecuador existe «un modelo de ‘lawfare’ contra el correísmo» que con el asalto a la Embajada de México traspasó todo límite hasta convertirse en un ‘lawfare’ a nivel internacional.
En ese sentido, consideró que la respuesta del sistema interamericano, donde la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó enérgicamente la irrupción en la embajada, «ha sido poco contundente».
Lajtman opinó que «lo que hizo el Ejecutivo de Ecuador se puede considerar un ‘casu belli’ (motivo de guerra)».
También cuestionó que si para la Justicia ecuatoriana la detención fue ilegal, no lo dejase en libertad y lo mantuviese en cárcel por las condenas anteriores. «Un mismo hecho es legal para una cosa e ilegal para toros. Vulnera los principios básicos de no contradicción», dijo Lajtman. EFE
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