La defensa de la familia de Aidita Ati, hallada sin vida en el Fuerte Militar Napo, busca evitar que los sospechosos del femicidio evadan la justicia. El Gobierno Nacional asegura que no habrá impunidad en este caso.
Esteban Torres, viceministro de Gobierno, y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, se pronunciaron y aseveraron que los culpables tendrán que enfrentar a la ley y saldrán de la institución militar.
«Como Gobierno completa contundencia para que no solo la familia tenga la verdad de lo que sucede sino que los perpetradores paguen como tengan que pagar sus penas (…) Esas personas saldrán evidentemente de la institución militar. Tienen que estar en la cárcel«, sentenció Torres , durante una entrevista con Visionarios este martes 2 de de julio del 2024.
Por su lado, el ministro de Defensa también dijo que este caso enluta a todas las Fuerzas Armadas y aseveró que la Cartera de Estado estará vigilante de este caso.
“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley”, expresó Loffredo durante una rueda de prensa en Manta, la tarde del lunes 1 de julio del 2024.
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¿Por qué se dictó medidas cautelares a los militares?
Los cuatro militares procesados por este crimen tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial, pese a que desde la Fiscalía se advirtió de un riesgo procesal porque los uniformados desempeñan su trabajo dentro del sitio «donde presuntamente ocurrió el femicidio».
Por esta razón, Pamela Montoya, abogada de la familia, presentó la apelación a las medidas cautelares. Reveló que se tomó esta decisión porque los militares justificaron que «son personas que tienen un trabajo, que son militares, que tienen familia y una garantía económica«.
De acuerdo al informe médico legal, que fue proporcionado a la familia de la subteniente, Aidita Ati fue estrangulada, golpea e incluso víctima de abuso sexual.
Con el objetivo de esclarecer los hechos, la abogada Pamela Montoya pidió la extracción de la información de los celulares de los implicados y los involucrados en el caso, incluso de la víctima. También se solicitó la información del personal que estuvo a cargo del Fuerte Militar Napo.
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