El Gobierno mantiene una deuda de 160 millones de dólares con las clínicas privadas de diálisis. Los pacientes realizaron, una vez más, una manifestación para pedir que se los atienda, esto mientras algunos centros han decidido cerrar o suspender estos servicios.
En los exteriores del edificio Joaquín Gallegos Lara se concentraron personal de las clínicas de diálisis junto con familiares de pacientes renales para pedir el pago de la deuda.
Por más de un año, los representantes de las clínicas de diálisis y familiares de pacientes exigen el pago de la deuda que mantiene el Gobierno.
Varias clínicas, de las 85 que existen a nivel nacional, han decidido cerrar o por lo menos suspender el servicio ante la falta de recursos.
En una de estas clínicas, ubicada en el sur de Guayaquil, mencionan que la falta de recursos ha obligado al persona a ingeniarse para seguir atendiendo a los pacientes que llegan diariamente.
No obstante, los pacientes, que necesitan recibir al menos tres veces por semana su diálisis, llevan meses sin recibir el tratamiento.
Con un Gobierno saliente y uno entrante, la preocupación de los involucrados es que ese dinero no llegue y más clínicas de diálisis tengan que cerrar por no tener recursos para brindar al atención.
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