El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) presentaron recursos de apelación contra la resolución dictada el pasado 31 de diciembre en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas.
En ese fallo, la jueza Tanya Loor aceptó un habeas corpus solicitado por los familiares de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil. En esa resolución, la magistrada declaró este caso como desaparición forzada.
Según los documentos del expediente de la Función Judicial, las apelaciones provienen tanto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio de Defensa.
El primer recurso fue presentado por Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto, quien cuestionó la fundamentación del fallo. Vela argumentó que la jueza «no ha establecido, de manera clara y fundamentada, los elementos constitutivos de la desaparición forzada«.
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Por otro lado, Luis Enrique Bueno Echanique, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, presentó un escrito en el que señala que la jueza Loor habría excedido sus competencias, ya que no le corresponde determinar la existencia o ausencia de un delito.
Además, calificó el fallo como una «desnaturalización» del recurso de habeas corpus, el cual, según la entidad, tiene un propósito diferente al de declarar la comisión de delitos.
El fallo de la jueza Loor no solo reconoció la desaparición forzada de los menores, sino que también dispuso la implementación de medidas de reparación por parte del Estado, en beneficio de las familias afectadas.
Dentro del caso de los cuatro niños de Las Malvinas, la Fiscalía procesó a 16 militares. Todos están con orden de prisión preventiva. Los menores desaparecieron, el 8 de diciembre del 2024, tras ser detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en Guayaquil.
Luego, el 24 de diciembre del 2024, los jóvenes, Ismael, de 15 años, y Josué, de 14, fueron encontrados incinerados, junto a Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años en una zona agreste de Taura, en Guayas.
Sin embargo, la confirmación de sus muertes llegó el 31 de diciembre de 2024, después de que la Fiscalía General del Estado identificara los cuerpos a través de pruebas de genética forense.
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