La Contraloría detectó irregularidades en la compra de equipamiento para las unidades educativas de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos entre el 2017 y 2020. Así lo informó este viernes 24 de marzo del 2023.
El perjuicio económico al Estado asciende a 1 263 334 millones de dólares y se determinó la responsabilidad civil de 10 funcionarios que participaron en la compra de equipamiento para los planteles de la Zona 1 del Ministerio de Educación.
La glosa corresponde a «la diferencia entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos» indicó la entidad en un boletín.
Además, detalló que durante un examen especial, la Contraloría «estableció que los directores, analistas, coordinadores y administradores de contratos de la Coordinación Zonal no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales».
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De igual forma, señala que no existió «un sistema adecuado para la administración del inventario de bienes, controles insuficientes en los procesos de la entrega-recepción de materiales adquiridos por emergencia y tampoco levantamientos físicos». Situación que dificultó conocer la cantidad y monto de los recursos disponibles en las bodegas .
La auditoría también determinó que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad. “En consecuencia, los precios de los bienes se incrementaron injustificadamente hasta en un 133%. Lo que se tradujo en pagos en exceso de USD 148.930″, añadió.
Otra de las irregularidades detectadas tiene que ver con los informes de viabilidad y términos de referencia de las contrataciones. Contraloría indica que se elaboraron «sin información suficiente que justifique la cantidad de bienes necesarios para solventar la situación de emergencia».
Y tampoco «se consideró el tamaño de la infraestructura, niveles escolares, capacidad física y operativa, la cantidad de estudiantes, de personal docente y administrativo». De igual forma, «en la documentación no se detalló la cantidad de bienes que se asignarían a cada unidad educativa«.
Pero esto no es todo, la Contraloría también constató que no hubo justificativos para la selección de los proveedores. Durante la fase de calificación «no se verificó que los oferentes cumplan con la experiencia general establecida en los pliegos del proceso y no se confirmó que las actividades económicas de los contratistas fueran compatibles con los objetos contractuales». Situación que provocó que no se garantice la participación de proveedores con la capacidad de entregar los bienes requeridos por el Ministerio de Educación.
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