Con un chaleco antibalas y resguardo policial, Gisella Molina, asambleísta de Gente Buena, denunció este lunes 20 de mayo del 2024 a Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, por presunta obstrucción a la justicia al autorizar la conexión de Ronny Aleaga durante la comparecencia de la fiscal Diana Salazar.
«Esta denuncia tiene como objetivo que se identifique a estos grupos y que se los pueda desarticular porque si seguimos así el Ecuador seguirá en manos de la mafia y las olas de violencia no pararán«, señaló Molina en los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito.
La asambleísta calificó la actuación de Aguirre en la Comisión de Fiscalización como un acto bochornoso y alarmante que no puede repetirse. Y dijo que Ronny Aleaga es uno de los mafiosos que operan en el Parlamento desde hace varios años.
«Para nosotros no ha sido una sorpresa, como asambleístas que hemos vivido por dos años esto, que Ronny Aleaga tenía tentáculos dentro de la Asamblea. Pero para los ecuatorianos que no están en la política es totalmente repudiable que un prófugo de la justicia haya intentado interpelar a la Fiscal con el único objetivo de contaminar el proceso del caso Metástasis«, puntualizó Molina.
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La legisladora dijo que con esta denuncia las autoridades podrán indagar sobre el proceso que se siguió para permitir que Aleaga se conecte e intente interpelar a la fiscal Diana Salazar para que sean judicializadas por colaborar con las estructuras mafiosas. Pero también que se pueda desmantelar a estas mafias, que participan en la construcción de leyes.
«No preocupa las actuaciones de la mafia dentro de la política, donde muchos han perdido la vergüenza. Ahora lo hacen de frente, antes lo hacían camuflado«, sentenció, al cuestionar quien le proporcionó el link para conectarse.
Molina confirmó que presentó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra Pamela Aguirre, quien se desempeña como presidenta de la Comisión de Fiscalización.
‘Calidad moral cuestionable’
La Revolución Ciudadana, bancada a la que pertenece Aguirre, rechazó la denuncia presentada por Molina. En un escueto comunicado escribió que esta acción «muestra su completo desconocimiento del procedimiento parlamentario y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa».
El texto apuntó que las Comisiones Generales deben «brindar aportes a los temas que legislan, o en este caso, se fiscalizan». Por lo que la presunta obstrucción a la justicia no existiría.
En el segundo párrafo recordó que Molina fue señalada, en 2022, en televisión nacional por el entonces presidente Guillermo Lasso, por pedir «favores» a cambio de votos. Luego ese señalamiento fue retirado y no llegó a las autoridades judiciales.
Finalmente, la RC cerró insistiendo en que la «persecución es real» y opera a través de personas «cuya calidad moral, ha sido, es y será cuestionable«.
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