Corte Constitucional: Furukawa mantuvo una práctica análoga a la esclavitud en haciendas

La Corte Constitucional del Ecuador (CC) declaró que la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. sostuvo una práctica análoga a la esclavitud en sus haciendas, mediante un sistema conocido como servidumbre de la gleba.

A esa conclusión llegó la CC tras analizar las acciones de protección que un conjunto de personas afectadas presentó en contra de la empresa Furukawa y los Ministerios del Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno.

«La Corte aceptó las acciones de protección al encontrar que, hasta 2019, Furukawa mantuvo
en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud«, señaló ese organismo, este jueves 5 de diciembre del 2024.

«Este sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición», añadió la CC.

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Según el fallo, los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.

La sentencia también declaró que Furukawa «violó la prohibición de la esclavitud en perjuicio de las y
los abacaleros de sus haciendas, anulando su dignidad humana«.

La Corte también verificó que se generó un daño general a los abacaleros, así como afectaciones desproporcionadas a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las
personas que sufrieron mutilaciones al cultivar el abacá.

Como medidas de reparación, la Corte estableció montos a ser pagados por la empresa por
concepto del daño inmaterial y del daño material para las 342 víctimas de servidumbre de la
gleba identificadas en la sentencia.

Además, la sentencia declaró que las entidades públicas accionadas omitieron su deber
institucional de adoptar medidas de prevención
y protección ante la servidumbre de la gleba.

El organismo constitucional determinó que, previo al 2018, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud debieron conocer la situación en la que se encontraban los abacaleros y adoptar medidas al respecto.

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