La empresa Furukawa, de capitales japoneses, reaccionó este miércoles 8 de mayo del 2024 al pronunciamiento de la ONU sobre la denuncia de esclavitud moderna en las plantaciones de abacá, propiedad de esta firma. Consideró que se trata de un intento de influir en la Justicia ecuatoriana.
La compañía, dedicada a producir abacá, una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, criticó el pronunciamiento de los representantes de la ONU. Ellos instaron a la Justicia a «reparar a las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud en las plantaciones de abacá de Ecuador».
El pronunciamiento, emitido el pasado 29 de abril, señaló que «es alentador ver que Furukawa Plantaciones C.A. está rindiendo cuentas en dos juicios pioneros sobre denuncias de trabajo en régimen de servidumbre y trabajo forzoso«. También habló de las víctimas que «sufrieron desgarradoras violaciones de los derechos humanos durante décadas».
Para los representantes de Furukawa, esta exhortación constituye una incitación a condenar a la empresa en dos procesos judiciales donde hasta el momento no hay sentencia definitiva.
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«Esto es una injerencia y las Naciones Unidas están vulnerando la independencia judicial externa y también otro derecho humano que es el principio de inocencia«, señaló a EFE el abogado de Furukawa, Pedro Jerves.
Empresa denuncia invasión
De acuerdo con la compañía, estas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos proceden de un grupo de extrabajadores de haciendas que la empresa tenía arrendadas a otras personas. Por lo tanto, las hacen responsables, eventualmente, de las condiciones de los trabajadores.
El gerente general de Furukawa, Adrián Herrera, aseguró a EFE que la empresa siempre ha cumplido con la normativa ecuatoriana. Aclaró que lo hizo en aquellas haciendas que explotaba directamente sin régimen de arrendamiento.
Además, dijo que desde 2018 decidió terminar el sistema de arrendamientos, contrató a los trabajadores de los arrendatarios, de modo que actualmente cuenta con 280 empleados, todos plenamente regularizados.
Herrera señaló que esto se da en todas las propiedades «excepto las que están invadidas» por parte del grupo de denunciantes. Ellos por su parte, aseveran haber vivido supuestamente dentro de las haciendas en condiciones indignas y miserables.
El representante legal afirmó además que son objeto de inspección permanente por parte del Ministerio de Trabajo. «Lo cual es una cosa absolutamente fuera de lo común para una empresa normal», dijo.
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