Fiscalía procesó al exprefecto del Azuay por presunto peculado

La Fiscalía formuló cargos, este miércoles 3 de diciembre del 2024 contra Paúl C., exprefecto de Azuay, y Hugo O., exdirector Administrativo y de Logística de la Prefectura de esa provincia, por su presunta autoría en el delito de peculado.

Según el Ministerio Público, la investigación contra los dos exfuncionarios está relacionado con una serie de supuestos contrataciones irregulares durante su gestión en la institución entre los años 2014 y 2018.

Según lo expuesto por el fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso, la investigación previa se inició luego de un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal relacionados con los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios de ínfima cuantía en la Prefectura entre enero de 2014 y diciembre de 2018.

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Durante este periodo, se habría autorizado la contratación de servicios de avionetas particulares para viajes dentro del país, destinados al traslado del exprefecto y otras siete personas que no tenían vínculo laboral con la institución.

El informe señaló que, a pesar de la disponibilidad de aerolíneas comerciales en ese entonces y el funcionamiento regular del Aeropuerto de Cuenca, Paúl C. no habría gestionado el uso de estos servicios, lo que habría causado un perjuicio económico a la Prefectura.

Por su parte, Hugo Javier O., exdirector administrativo, es señalado por no haber verificado que las contrataciones excedieran el límite de ínfima cuantía y por presuntamente haber autorizado los presupuestos referenciales.

La investigación abarca un total de 28 contrataciones presuntamente irregulares, que habrían causado un perjuicio económico de 112 299,25 dólares a la Prefectura de Azuay.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Julia Elena Vásquez, dispuso que ambos procesados se presenten periódicamente cada 15 días.

El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y conlleva una pena de privación de libertad de 10 a 13 años.

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