El fiscal subrogante, Wilson Toainga, solicitó al Tribunal, este viernes 13 de diciembre del 2024, la sanción correspondiente para los 11 procesados en el caso Independencia Judicial.
Durante la audiencia de alegatos de cierre, La Fiscalía pidió que el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán y la exvocal Maribel Barreno sean declarados culpables como presuntos autores directos del delito de obstrucción de la justicia. Además, solicitó que se les imponga una pena privativa de libertad de 7 años, más agravantes.
Según la Fiscalía, Terán habría «utilizado su cargo para interferir en la libertad de actuación del entonces juez nacional Walter Macías, con el fin de suspenderlo y destituirlo, a través de actos intimidatorios para evitar que conociera la causa por presunto tráfico de influencias contra Maribel Barreno, entonces vocal del CJ».
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Por otra parte, el Ministerio Público detalló, durante la diligencia, que Barreno «aprovechó su cargo como vocal de la Judicatura para lograr la suspensión y posterior destitución del juez Walter Macías«.
Para los otros nueve procesados, el fiscal Toainga solicitó al Tribunal que sean condenados como cómplices a dos años y cuatro meses de cárcel, más agravantes. Según las investigaciones, ellos habrían actuado como facilitadores para el cometimiento del delito de obstrucción de la justicia.
Caso #IndependenciaJudicial | En su alegato de clausura, #FiscalíaEc señala que –con base en las pruebas presentadas durante el juicio– se ha probado la comisión del delito de #ObstrucciónDeLaJusticia por parte de los 11 procesados.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 13, 2024
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Tras los alegatos de Fiscalía, la audiencia fue suspendida hasta las 14:00, de este viernes 13 de diciembre. Luego de su reinstalación, los abogados de los procesados también presentaron su argumentos finales.
La defensa de Terán y Barreno han insistido que sus clientes son inocentes y niegan las acusaciones de Fiscalía. Aseguran que no cometieron el delito de obstrucción de la justicia.
Finalmente, los jueces, que conforman el Tribunal, tendrán que analizar las pruebas y argumentos de Fiscalía y abogados para decidir si condenan o no a los imputados.
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