Ángel Lindao es un hombre con suerte o con muchas palancas. La Fiscalía sospecha que es la segunda opción. En menos de una semana, la oficina de la fiscal, Diana Salazar, reclama al Consejo de la Judicatura por las decisiones que tomó el juez de La Concordia y por el cierre de una indagación administrativa en su contra.
Esa decisión la tomó el director de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Hugo Moya. El 24 de enero del 2023 declaró la caducidad del expediente disciplinario contra el judicial. La Fiscalía no encuentra razones para sustentar esa decisión.
El Ministerio Público advirtió que estaba vigente la decisión de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo que declaró una «negligencia manifiesta» de Lindao. Esta resolución determinó el inicio del expediente disciplinario en el Consejo de la Judicatura.
La investigación en el Consejo de la Judicatura no frenó las decisiones de Lindao en su despacho en La Concordia, donde siguió trabajando con normalidad.
Norero y otras polémicas decisiones
El primer encontrón que tuvo la Fiscalía con las decisiones del Juez de La Concordia tuvo un nombre concreto: Leandro Norero, más conocido como «El Patrón». El 15 de junio del 2022, Lindao aceptó la devolución de varias propiedades incautadas a la organización de Norero acusado de lavado de activos.
El judicial dispuso que se le devolviera una mansión y varios vehículos a uno de los acusados. De acuerdo, con la Fiscalía no se podía devolver esos bienes porque existían una prohibición de enajenar bienes y sospecha que el expediente llegó a su despacho luego de un sorteo irregular.
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Las polémicas de Lindao no terminaron en ese caso. El judicial dispuso, el 20 de enero del 2023, la liberación de Wilson Ruiz, sentenciado por el crimen del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.
Ruiz tenía que cumplir una pena de 24 años de prisión por el crimen, pero obtuvo su liberación asegurando que su vida corría peligro por la violencia en las cárceles del país. El juez Lindao aceptó que el sentenciado se presente cada mes ante una autoridad, mientras tanto su condena la cumpla en la calle.
La Corte de Santo Domingo revocó esa medida, pero fue tarde Ruiz dejó la prisión antes de esa decisión.
Más cabildeos y una suspensión
Ángel Lindao también fue un actor en la disputa entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana. Él frenó la destitución de los vocales: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Además, ordenó al Legislativo que acepte, sin discusión, todas sus decisiones y le ordenó que colocaran una placa ofreciendo disculpas por atentar contra el poder constitucional.
La Asamblea demandó judicialmente todas las decisiones Lindao, pero este caso camina lento en la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas. Este conflicto pudo durar varios meses, pero la Corte Constitucional se adelantó y destituyó a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
En su decisión también afectó a la integración del Consejo de la Judicatura que es el órgano de control de los jueces. Su nuevo presidente es Álvaro Román y una de sus primeras decisiones fue convocar al Pleno de la Judicatura para suspender al juez Lindao.
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