Actualizado 10:19
Redacción Teleamazonas.com |
Un Tribunal Penal de Azuay declaró culpable a Francisco L., de 64 años. Fue sentenciado a cumplir una condena de 29 años y cuatro meses de cárcel por la violación ocurrida contra una niña de 8 años. Según el expediente, el hecho ocurrió en 10 de diciembre de 2021.
Francisco L. violentó sexualmente a la niña y le pidió que no contara lo sucedido. Durante la presentación de los alegatos, la Fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género 1, de Cuenca, narró como ocurrió el hecho en la parroquia Sayausí.
Meses antes del delito, la víctima y su familia se trasladaron a vivir en una habitación en el mismo inmueble donde residía Francisco L. El hombre se ganó la confianza de la familia. Compartía internet para las tareas escolares. Invitaba a la víctima a comer y le regalaba golosinas a la víctima.
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La investigación determinó que el ahora sentenciado aprovechaba la ausencia de la madre, cuando salía a trabajar, para invitar a la pequeña a su domicilio. Lo hacía con el pretexto de ver televisión y tomar café. En este contexto, se produjeron las primeras agresiones sexuales.
En diciembre del 2021, un día, cuando la madre llegó al domicilio encontró a su hija acostada en la cama y con sangrado. Cuando le preguntó que había pasado, la menor respondió que se había caído en la ducha.
La mujer acudió a Francisco L. para pedir dinero y llevar a su hija a un hospital. A pesar de la gravedad de las heridas, la médica tratante le dio el alta y le indicó a la madre que acudiera a Fiscalía, pues había indicios de una posible agresión.
El 14 de diciembre del 2021 fue llevada a Fiscalía. Le practicaron una pericia médico-legal y fue remitida a una casa de salud. En este lugar, relató a los médicos que fue violentada sexualmente por su vecino. De inmediato, se le practicó una cirugía para salvar su vida.
Fiscalía demostró su teoría con el testimonio anticipado de la víctima, de su madre, de los médicos y un psicólogo que atendieron a la niña. Entre las pruebas documentales constan las historias clínicas y copias certificadas del expediente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
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