Policía y Fiscalía ecuatoriana allanaron las oficinas de una ONG que dirige el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Este último afronta un juicio por presunto acceso ilegal a sistemas informáticos en Ecuador.
La diligencia se realizó este viernes, 8 de abril de 2022.
El abogado de Bini, Carlos Soria, manifestó a Efe que en un primer momento el allanamiento se practicó sin presencia de asistencia letrada.
Sin embargo, posteriormente fue el propio abogado del informático sueco quien acompañó la diligencia judicial en el Centro de Autonomía Digital (CAD), situado en Quito.
De acuerdo con la cuenta de Twitter Justicia Minuto a Minuto, agentes de la Policía irrumpieron en dicho establecimiento dirigido por Bini.
La Fiscalía por su parte indicó que el procedimiento se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y bajo una instrucción fiscal por «presunto fraude procesal».
El objetivo del allanamiento sería «recabar indicios», precisó la Fiscalía.
La intervención fiscal se produce a días de que se cumplan tres años del arresto de Bini.
El sueco fue arrestado el 11 de abril de 2019, cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón.
Unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno, pusiera fin al asilo en su embajada en Londres de Assange.
Proceso que afronta Ola Bini
El sueco enfrenta una investigación por presuntamente haber intentado acceder a información de las plataformas de la petrolera estatal, Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia.
Tras dilaciones que su defensa considera injustificadas, el juicio contra Bini se inició en enero pasado, y hasta la fecha no han trascendido detalles sobre las vistas del proceso.
En el momento de su detención en 2019, María Paula Romo se desempeñaba como ministra de Gobierno y lo acusó de participar en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de entonces.
Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente Bini fue enjuiciado por el delito de acceso ilegal a sistemas informáticos. EFE