Priscila Schettini fue sancionada por violencia política en contra de la fiscal Diana Salazar

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) determinó que hubo violencia política de género con tintes racistas en contra de la fiscal Diana Salazar.  Priscila Schettini, esposa del exdefensor de Pueblo, Freddy Carrión y Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular fueron sancionadas en primera instancia.

La sentencia fue emitida por el juez electoral Fernando Muñoz. En ella se detalla que hubo un ataque sistemático en contra de Salazar. Cita los hashtag usados en redes sociales como lady impericia, plagio y 10/20.

También dice que, aunque Schettini y Porras no podían controlar los comentarios originados a partir de sus publicaciones, “al colocar un hashtag como el señalado y acompañarlo de imágenes tendientes a desprestigiar a la denunciante, generaron consciente e intencionalmente el contexto propicio para que personas den rienda suelta a prejuicios, trastornos y complejos”.

Salazar informó sobre la sentencia en su cuenta de X. Ella escribió: “Frente a tanta infamia, mi abogada ha obtenido una sentencia por muy graves actos de violencia política de género. La resolución sienta un precedente para que las mujeres sigamos haciendo en paz nuestro trabajo”.

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Si la sentencia es ejecutoriada, Schettini tendrá que pagar USD 22.500 en un plazo de seis meses. Además, perderá sus derechos políticos por un lapso de dos años.

En el caso de Porras, la multa será de USD 13.500 y la suspensión de sus derechos de participación política por dos años.

También se plantea que no podrán publicar, por ningún medio, ningún tipo de comunicación que aluda a la Fiscal. Y también dar de baja de sus cuentas de redes sociales; así como de la de Acción Jurídica Popular todas las publicaciones que contengan el hashtag #Ladyimpericia; #Ladyimpericias o que hagan mención a la cuenta de @DianaSalazarM2.

Además deberán acudir al Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas” u otra organización similar para recibir 40 horas de sensibilización contra la violencia política de género.

Sin embargo, al ser una sentencia de primera instancia, las sancionadas podrán apelar y será el Pleno del TCE el que ratifique, module o rechace lo actuado por el juez Muñoz.

El conflicto entre la Fiscal, Schettini y Porras se originó por el caso de Freddy Carrión, quien enfrentó un proceso judicial en el que se lo acusó de agresión sexual. Él salió en libertad, según Schettini, después de que la sentencia no se ejecutorió y estuvo tres años en prisión.

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