Un juez otorgó las medidas cautelares solicitadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a favor de las personas privadas de la libertad. El magistrado dio 15 días de plazo al Ministerio de Finanzas para que entregue los fondos requeridos por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para cubrir con normalidad los procesos de contratación de alimentos.
La audiencia se desarrolló la mañana de este jueves 2 de mayo en el Complejo Judicial Norte. Allí el magistrado escuchó los alegatos de las organizaciones. A la par se desarrolló en los exteriores un plantón en favor de la vida de las personas privadas de libertad, organizado por sus familiares. Ellos solicitaban que el SNAI permita el ingreso de alimentos y medicina a los centros de privación de libertad.
Argumentaron que el Estado no ha podido garantizar y ha vulnerado los derechos de salud, alimentación y la integridad física y psicológica de los privados de libertad.
Los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos indicaron que los familiares de los privados de libertad han gestionado las donaciones de alimentos para los centros de rehabilitación. Sin embargo, estos no han podido ingresar a las cárceles, lo que afectó la salud de la población penitenciaria.
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Al mismo tiempo, se ratificó que la privación de alimentos es parte de una de las tantas torturas que reciben las personas en los centros. De modo que, se pidió dictar de manera urgente las medidas cautelares para prevenir daños no solo en el contexto actual, si no a futuro.
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Por otra parte, comparecieron los representantes del SNAI, Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo. Desde el SNAI, se aseguró que ninguna zona se ha quedado sin alimentos. Aunque aceptaron que el martes 30 de abril se dio el último ingreso de Laffattoria, empresa de catering, a la Zona 1 para la distribución alimentaria.
Desde el 1 de mayo, esta empresa se retiró por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas. La representante resaltó que, en estos dos últimos días, la cartera de Estado ha trabajado con centros pastorales e instituciones privadas para la recepción de donaciones.
En cuanto al Ministerio de Economía, su representante legal indicó que debido a la emergencia económica que atraviesa el país, se están realizando los pagos a las diferentes entidades de forma cronológica. Sin embargo, pidió que se nieguen las medidas cautelares debido a presuntas irregularidades en “Laffattoria” en la entrega de alimentos.
Todos estos argumentos fueron refutados por los representantes de las cinco organizaciones presentes. Señalaron que el cese de distribución no fue el 30 de abril como aseguró la representante de la SNAI, si no que, según el presidente de “Laffattoria”, las cárceles de la zona 1 se quedaron sin alimentación entre el 15 y 19 de abril.
Ahora, los privados de libertad aún deben esperar 15 días para la distribución alimentaria en los centros. De modo que el juez resolvió que el SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares, y debe facilitar la entrada de los alimentos a los centros de rehabilitación.
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