Las cifras de violencia contra la mujer en Ecuador son preocupantes. Cada 28 horas una mujer es asesinada en el país, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).
El 2021 fue declarado el año más violento contra las mujeres en Ecuador porque registró 197 casos. Sin embargo, solo hasta el 15 de noviembre de 2022 esta cifra ya se superó llegando a las 272 muertes violentas por razones de género, de acuerdo con Aldea.
Esta estadística no se contradice con los registros del Consejo de la Judicatura. Durante el año pasado (2022) hubo 78 femicidios y 327 casos muertes violentas de mujeres en riñas, en asaltos, sicariatos y homicidios.
Gereladine Guerra, vocera de Aldea, sostiene que el sistema judicial ecuatoriano aún tiene que mejorar sus archivos.
«Hay una mirada obtusa del sistema judicial para entender la complejidad de la violencia (…) Las diferencias en el registro se deben al criterio«, cuestionó.
Ella dice que se debe revisar la conceptualización legal del femicidio que puede ser transversal a otros delitos o iniciarse con una infracción distinta.
Así ocurrió en el caso Camila Aguilera, donde en primera instancia se investigó como un suicidio y cuatro meses después sus familiares insistieron en que se abra una investigación más profunda para que su muerte sea tratada como un femicidio.
Los casos que siguen sin respuesta
Hay femicidios que han conmocionado al país y que aún no tienen una decisión final de la justicia, uno es el crimen de María Belén Bernal. La abogada de 34 años y madre de un niño de 13 años fue víctima de femicidio en la Escuela Superior de Policía de Ecuador.
Su cadáver estuvo desaparecido 10 días hasta que fue hallado en el Casitagua, un cerro contiguo a la instalación de la Fuerza Pública, en Pusuquí, en el norte de Quito. El principal sospechoso del crimen es su esposo, Germán Cáceres, quien fue capturado el viernes 30 de enero del 2023 en Palomino, Colombia.
El crimen despertó a las autoridades del Estado e impulsó la creación del Ministerio de la Mujer y de otras medidas para proteger a las víctimas de violencia en los hogares y a los huérfanos de los femicidios.
Otro caso que ejemplifica esta violencia, ocurrió el 2 de enero pasado en Sangolquí, provincia de Pichincha. En ese ciudad, Paola, una mujer de 34 años, fue brutalmente asesinada por dos hombres en su vehículo. La investigación de Fiscalía reveló que su esposo estaría involucrado en el atroz crimen.
Este caso se suma a las más de 1.317 vidas de mujeres y niñas que han sido arrebatadas por la violencia por género desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de noviembre de 2022, según ALDEA.
La mayoría de estos casos ha ocurrido en la provincia de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha.
La deuda del Estado.
Desde el 2014, el Código Orgánico Integral Penal reconoce como delito al femicidio y señala una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
Sin embargo, después de ocho años el Estado todavía está en deuda con las víctimas y sus familiares. Geraldine Guerra indica que los problemas evidentes en este tema son:
- Los errores en el sistema de justicia por una mal categorización de los delitos y por la poca o errada investigación.
- La asignación de recusos para los organismos gubernamentales, como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con los que puedan realizar campañas masivas de prevención.
- La falta de aplicación del ‘Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas’, que se implementó con el objetivo de evitar la impunidad.
«Nombre la violencia sea en su propia casa o lugar de trabajo ¡Reconózcala! Es el primer paso. Tenemos que empezar todas y todos a señalar cuando hay un maltrato o un abuso porque la violencia solo se reproduce en el silencio«, enfatiza Guerra.
Consultamos cifras sobre la violencia contra la mujer al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pero no obtuvimos respuesta.
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