Actualizado 06:50
Redacción Teleamazonas.com |
Casi un mes después del derrame de más de 25.000 barriles de petróleo en la provincia de Esmeraldas, las secuelas siguen afectando gravemente a miles de personas. El Informe de Situación y Plan de Respuesta de UNICEF Ecuador N.° 1, detalló que el 31% de las personas afectadas huyó de sus hogares y buscó refugio en hogares temporales y con familiares.
Estas familias han buscado refugio en casas de familiares, conocidos y, en algunos casos, en albergues temporales como el del Recinto El Porvenir, en Quinindé, detalla el informe que se hizo público el lunes 7 de abril del 2025.
Este fenómeno de movilidad forzada se da en un contexto de alta vulnerabilidad: en Esmeraldas, el 56% de la población vive en condiciones de pobreza, cifra que en Rioverde se dispara al 91%.
El derrame, ocurrido el 13 de marzo de 2025 por una rotura del oleoducto estatal SOTE, ha dejado un saldo de al menos 113.000 personas afectadas, según el Informe. De ellas, 57.000 son mujeres y 44.000 niños y adolescentes, quienes se encuentran entre los más vulnerables a los efectos sanitarios y sociales del desastre ambiental.
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El informe fue elaborado tras la activación del Equipo Humanitario en el País, solicitado por el Gobierno al Coordinador Residente de la ONU. Una misión conjunta liderada por la Unidad de Medio Ambiente de la ONU y el Departamento para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC) recorrió 17 parroquias afectadas el pasado 29 de marzo para recopilar datos y establecer prioridades de atención.
Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran los efectos en la salud de la población. Más de 3.500 personas han recibido atención médica relacionada con la exposición a petróleo crudo y sus derivados.
Los síntomas más comunes incluyen dermatitis, cefaleas, dispepsia, faringitis, conjuntivitis y trastornos psicológicos. También se ha reportado un incremento de infecciones respiratorias y gastrointestinales, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y organizaciones internacionales, las necesidades siguen siendo muchas. Las áreas críticas identificadas incluyen agua potable, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, salud, protección infantil y recuperación de medios de vida.
Aunque el suministro de agua se ha restablecido parcialmente en cantones como Esmeraldas, Rioverde y Atacames, aún persisten limitaciones. En Quinindé, la planta de agua de Viche funciona con tres bombas, pero se requieren al menos dos más para aumentar su capacidad de producción y evitar la sobrecarga en otras zonas.
Además, muchas comunidades rurales siguen dependiendo de tanqueros para abastecerse, mientras que las riberas de los ríos aún están contaminadas, impidiendo el uso del agua para consumo o riego.
Entrega de bonos a afectados por el derrame en Esmeraldas
En términos de apoyo económico, el Gobierno ha comenzado la entrega de bonos únicos de USD 470 a las familias más afectadas. Hasta el momento, se han realizado 2.400 pagos, aunque todavía se encuentran en proceso de validación los datos de más de 2.000 familias adicionales.
Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto, ha transferido un total de USD 2,1 millones para estos pagos, que son gestionados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Mientras tanto, la población sigue esperando respuestas más contundentes. “Lo más duro es no tener certezas. Perdimos el agua, la comida y ahora la tranquilidad. Nadie sabe cuándo volveremos a casa”, comenta Teresa Zamora, una madre desplazada con tres hijos en el albergue temporal de Quinindé.
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