Por Redacción Transmedia Digital
«Eduardo vive, la lucha sigue». Con esa consigna, decenas de mujeres amazónicas de varias comunidades indígenas marcharon en Quito, el miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. Una de sus demandas durante la movilización fue que se haga justicia por el asesinato del líder indígena, que tuvo lugar el pasado 26 de febrero.
En la tarde de ese domingo, Eduardo Mendúa, un dirigente Ai’Cofán, estaba con su esposa en su chakra, a la orilla del río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos. La pareja cosechaba uno de sus sembríos cuando, de repente, vibraron los disparos.
Al menos cinco encapuchados acabaron con la vida de Mendúa, tras dispararle por la espalda. Según la Policía, eran de su misma comunidad, la de Dureno. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por su parte, responsabilizó a la estatal Petroecuador y al Estado por el crimen.
Aunque las partes se contradicen, lo cierto es que ambas tienen la razón. Comuneros y personas que trabajaban con Eduardo Mendúa dicen que Dureno está dividida. Pero también aseguran que la razón de aquello es Petroecuador.
Esa comunidad no es la única dividida en Ecuador por el extractivismo. Otras en el país atraviesan por la misma situación, con la llegada de los proyectos mineros y petroleros a su territorio. Por un lado, están los defensores de la naturaleza, que se oponen a los proyectos, y por otro, los que apoyan el extractivismo. Las consecuencias de esa enemistad han causado fuertes divisiones y violencia.
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El caso de Dureno
El conflicto en Dureno, la comunidad Cofán que vio nacer a Eduardo Mendúa, data de hace más de 40 años. De acuerdo con una investigación de Pablo Lagos, publicada en la revista Flacso Andes, todo comenzó en 1979, cuando Texaco abrió un pozo petrolero llamado Dureno, sin consultar a la comunidad y con autorización del Estado. Debido a la oposición de los comuneros, Texaco se fue en 1998. Pero años después, en 2013, Petroecuador intentó reiniciar la actividad.
Según Jorge Acero, defensor de los derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines, la petrolera estatal llegó a un acuerdo con la comunidad y se firmó un convenio de compensación social. A cambio de proyectos sociales, señala, la empresa pidió que se les facilite el ingreso al territorio y los líderes de ese entonces aceptaron, pero el acuerdo llegó a su fin en 2018.
En ese año, Acero sostiene que Petroecuador presentó un proyecto, sin hacer consulta previa, para ampliar la explotación y construir tres plataformas con 10 pozos petroleros cada una. Con la llegada de este proyecto, agrega el abogado, Dureno se dividió entre los que sí querían que la compañía entrara y los que no.
Los defensores del territorio aseguran que Petroecuador les prometió trabajo y dinero a varios comuneros y que por eso se dividieron. Jorge Acero dice que se sabe que Silverio Criollo, presidente de la Comunidad Cofán de Dureno, negoció con Petroecuador.
En 2022, Criollo y quienes estaban de acuerdo con la entrada de la petrolera empezaron a ayudar en la construcción de un camino y eso ahondó la crisis, sostiene Acero. Como respuesta, asegura que Mendúa y otros defensores “iniciaron una medida de hecho para evitar la continuidad de los trabajos”.
Pero la violencia fue escalando. Andrés Tapia, comunicador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), relata varios hechos con respecto a la crisis en Dureno. En enero de 2023 hubo un enfrentamiento en la comunidad por el que varias personas resultaron heridas, señala.
Desde entonces, dice Tapia, ya se alertaba de una crisis peor y, finalmente, la violencia llegó a su punto más álgido cuando asesinaron a Eduardo Mendúa. Líderes indígenas culparon a Petroecuador por el crimen. Pero, según Acero, no lo hicieron por haber matado al dirigente, sino por la crisis que habría creado tanta enemistad en la comunidad.
El caso de Buenos Aires
Lo que sucedió en Dureno no es un caso aislado. Habitantes de la Merced de Buenos Aires, una parroquia en la provincia andina de Imbabura, también aseguran que su comunidad se ha fraccionado debido al extractivismo.
En 2017, todos en la parroquia tenían un mismo objetivo: expulsar a cientos de mineros ilegales que se habían adentrado en su territorio. Tras varias comisiones y un duro trabajo comunitario, las autoridades lograron desalojar a estos mineros en 2019. “Pensamos que entonces ya todo iba a estar bien, pero no”, dice Lucía Chicaiza, presidenta del colectivo Bonarences Unidos Protegiendo el Ecosistema (Buproe).
Apenas se fue la actividad ilegal, a Buenos Aires llegó la minera Hanrine y desde entonces, asegura Chicaiza, el problema “es grave”. Hay quienes apoyan a la empresa y quienes no. La presidenta de Buproe dice que la aceptación de muchos se da porque “les ofrecen trabajo de por vida, les ofrecen pagarles bien”.
Gabriela Fraga, defensora de los derechos humanos, dice que se ha posicionado tanto a la minería como sinónimo de desarrollo que a muchas personas no les ha importado pelearse con los amigos o la familia. “Ha habido unas rupturas terribles; hay padres e hijos que no se han vuelto a hablar; y qué se puede esperar de los amigos”, dice.
Pero la división en Buenos Aires no termina con familias peleadas o amistades rotas. La discordia en la parroquia ha escalado a actos violentos, denuncias y acoso. La activista dice que “describimos a Hanrine como sinónimo de violencia porque prácticamente desde que llegaron se han vivido muchísimos escenarios de conflictos”.
Por ejemplo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que en agosto de 2021, 500 policías entraron a La Merced de Buenos Aires en tanquetas y buses para garantizar las actividades de la minera. Eso provocó enfrentamientos entre los defensores de la naturaleza y los uniformados, que tenían el apoyo de una parte de la comunidad, relata Chicaiza.
Pero los que defienden la minería tampoco tienen todo tan fácil. La lideresa dice que a los 80 o 100 comuneros que trabajan en Hanrine nadie en la comunidad les da trabajo y a todos los tratan con indiferencia. La lideresa explica que hacen eso porque le dieron la espalda a su pueblo. En 2021, cuando hubo un enfrentamiento con la Policía, “ellos nos golpearon, nos lanzaron piedras y dieron nuestros nombres para que nos denuncien; el daño que hicieron a la población no es poco”, dice.
La fractura de la comunidad “es bien triste”, concluye Gabriela Fraga. La defensora de derechos dice que le duele ver cómo varias empresas han llegado a pueblos pequeños, como Buenos Aires, a “dañar toda la tranquilidad y la paz que los caracterizaba”.
El caso del Pueblo Shuar Arutam
Otro pueblo golpeado y fracturado por el extractivisimo es el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en la provincia amazónica de Morona Santiago. Allí, la amenaza de la minería ha causado conflictos internos que han fraccionado al pueblo.
En los últimos años, la minera canadiense Solaris Resources ha intentado avanzar con el proyecto Warintza. Pero Josefina Tunki, presidenta del PSHA, y gran parte de las comunidades se ha opuesto firmemente, asegura.
Sin embargo, dice Tunki, la empresa se ha esforzado por convencer a varias comunidades para que permitan que el proyecto avance. Dos de las 47, la Warints y la Yawi, ya han accedido. En enero de 2019, el Pueblo Shuar Arutam informó que las dos comunidades firmaron un memorando de entendimiento con la empresa para la realización de actividades de exploración minera. Aunque en número parece poco, las dos son puntos estratégicos porque se ubican justamente en el área del proyecto de Solaris.
Josefina Tunki dice que estas acciones se tomaron en contra de lo decidido por el Pueblo Shuar Arutam. La lideresa asegura que “los chantajes de la empresa nos ha debilitado como organización”. Además, sostiene que las mineras que amenazan al pueblo que dirige “han ocasionado grandes conflictos y división entre las familias y entre las comunidades”. A varios defensores de la naturaleza, los han denunciado y a ella incluso la han amenazado de muerte, señala.
Con tristeza, la lideresa cuenta que “antes de que estas empresas aparecieran no había estos conflictos, división y desconfianza”. Tunki dice, con nostalgia en su voz, que los shuar siempre han sido unidos, en todo ámbito. Confiesa que le duele ver cómo se han peleado tanto «por unas empresas que solo ocasionan problemas y violan sus derechos».
Solaris ya está en la etapa de exploración. Pero Josefina Tunki dice que van a seguir oponiéndose. “El Pueblo Shuar Arutam ya decidió. ¡No a la minería!”, sentencia.
El análisis de una experta
Elisa Levy, bióloga y vocera del Observatorio de conflictos mineros, sociales y ambientales del norte del Ecuador (Omasne), dice que la fractura del tejido social es “un patrón que se repite en varios territorios a escala mundial”. Es “como una estrategia que usa la industria extractiva para dividir a las comunidades y que sea más fácil su ingreso”.
En Ecuador, dice Levy, muchos proyectos extractivos se dan en territorios que han sido históricamente abandonados por el Estado. Por ello hay precariedad en el sistema de salud, en la educación y en la vialidad. Así, explica la bióloga, cuando las empresas extractivistas entran a los territorios, “llegan ofreciendo mejorar eso que debería hacer el Estado pero que no hace”.
Según Levy, por estas razones es comprensible e inevitable que dentro de las comunidades haya personas que estén a favor y otras en contra. La experta dice que la situación es triste porque al no haber una adecuada consulta previa, muchas empresas «llegan y solo cuentan un lado de la historia; no les dicen qué pasa después, y eso crea más división”.
La bióloga, quien trabaja de cerca con comunidades afectadas por la minería dice, además, que las industrias extractivas “son muy inteligentes al elegir a quién contratan”. Levy asegura que es un “accionar maquiavélico porque son conscientes de lo que hacen”. Según ella, buscan generar una división y “poner a la comunidad a enfrentarse, mientras ellos continúan con sus proyectos”.
¿Qué dicen el Estado y las empresas?
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, dice que las acusaciones “son absolutamente falsas”. Asegura que hay una industria minera responsable, que busca generar impactos positivos en las comunidades. Por ello cree que se confunde con chantaje a los “beneficios que la industria brinda a las comunidades». Y asegura que esa es «una forma muy egoísta y muy tergiversada de ver las cosas”.
Silva dice que la minería como política empresarial siempre busca “generar impacto positivo en las comunidades de influencia”. Eso, sostiene, se logra con empleo y encadenamiento productivo. Muchas de las compañías mineras tienen un esquema mediante el cual se busca contratar primero a gente de la comunidad. Así, señala, se cumplen también las disposiciones de las leyes de Minería y de Régimen Especial Amazónico, que establecen cuotas para la contratación de locales.
“Si todas esas visiones de desarrollo son tomadas como algo negativo o son tomadas como una práctica tendenciosa, simplemente hay que decir que es lamentable y que no es así”, sostiene Silva.
Al ser consultada sobre los supuestos incentivos económicos que se entregan a las comunidades, la presidenta de la Cámara de Minería, dijo que “no es cierto”. Lo que sí pasa, asegura, es que cuando una industria minera entra en un territorio “hay una gran alternativa de desarrollo”.
Teleamazonas envió un pedido de información al Ministerio de Energía y Minas y a la estatal Petroecuador sobre este tema. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.