Extorsionaban comerciantes bajo la modalidad de ‘vacunas’

La Justicia ordenó este 29 de diciembre prisión preventiva para cinco personas a las que investigan por ser los presuntos autores del delito de extorsión.

Los suejetos habrían intentado extorsionar a varios comerciantes de Manta, bajo la modalidad de «vacunas».

El juez acogió el pedido de la fiscal a cargo del caso y dispuso prisión preventiva para todos, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El pedido de la Fiscalía se sustentó en los elementos de convicción recabados.

Cobros por «brindar protección»

Según la Fiscalía, los ahora procesados habrían solicitado dinero a varios comerciantes, con la finalidad de «brindar protección».

Una de las afectadas llamó inmediatamente al ECU 911 y varios agentes de Policía realizaron la búsqueda del vehículo donde se movilizaban, logrando su ubicación a los pocos minutos y, luego de corroborar que las características físicas coincidían con las reportadas, procedieron a la detención de los ocupantes, narró la Fiscalía en el escrito.

Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los videos de seguridad de los negocios afectados, en donde se puede observar la presencia de los procesados, junto con varios audios que coinciden con las imágenes y en donde se escucha que los sujetos solicitaban dinero, pedían la información de los propietarios y se identificaban como miembros de una banda delictiva.

El delito de extorsión

También se incluyeron dos denuncias presentadas por las víctimas, las versiones de los agentes aprehensores y el parte policial donde se hace conocer los detalles de la detención.

Además, el reconocimiento del lugar de los hechos y los indicios (dinero en efectivo y teléfonos celulares) encontrados en poder de los procesados.

La Fiscalía ofició la realización de pericias de audio y video de las cámaras de seguridad y la extracción de información de los teléfonos celulares, que se encuentran bajo cadena de custodia.

El delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede alcanzar una sanción de siete años de pena privativa de libertad.

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