La Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex) solicitó este lunes al Gobierno del conservador presidente Guillermo Lasso que aplique una doble deducción (rebaja de la carga) tributaria a todos los gastos que realizan las empresas en temas de seguridad.
El pedido obedece a que las compañías afiliadas al gremio, según la Corporación, invierten un monto global de 200 millones de dólares al año en seguridad, sobre todo en sistemas de videovigilancia, de rastreo y otra infraestructura tecnológica.
Ese tipo de gastos incide en los costos operativos de las empresas exportadoras, que se quejan del efecto en la competitividad.
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Por ello, Cordex ha hecho un llamamiento «urgente» al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y al director del Servicio de Rentas Internas (SRI, agencia tributaria del Estado), Francisco Briones, para que se dé trámite a una reforma tributaria que permita la doble deducibilidad de todos los gastos relacionados con la seguridad privada.
En Ecuador opera una norma general de deducibilidad de gastos en el pago del impuesto a la renta, pero el gremio exportador busca que haya un nuevo alivio para su sector en el ámbito de la seguridad, dada la explosión de inseguridad (con crímenes y asaltos, entre otros delitos) que se ha dado en el país en los últimos dos años.
La aplicación de la medida sugerida «sería un paso significativo para aliviar en algo la estructura de costos de nuestras exportaciones» y permitiría «contribuir así al desarrollo económico del Ecuador, expresó el presidente del directorio de Cordex, José Antonio Camposano.
Para él, la reforma tributaria sugerida beneficiará al sector exportador, pero también podría tener un impacto positivo en la economía nacional al fomentar la generación de empleo y el desarrollo sostenible.
Lasso a meses de terminar su mandato
El pedido del gremio exportador se dio en un momento en que el Gobierno del presidente Lasso se encuentra a poco de terminar su mandato, tras los comicios presidenciales y legislativos extraordinarios que tendrán lugar el próximo 20 de agosto.
Los comicios presidenciales, que podrían tener una segunda ronda de votaciones el 15 de octubre, responden a un procedimiento constitucional conocido como «muerte cruzada», invocado en mayo pasado por el presidente Lasso, por el cual disolvió el Parlamento y convocó a elecciones extraordinarias.
Las autoridades que resulten designadas en esos comicios completarán el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que fue recortado por el mandatario al anunciar la «muerte cruzada».
Ese atajo constitucional se planteó en un momento en que el gobernante estaba sometido a un juicio político de censura en la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora y donde era acusado de supuesto peculado (malversación de fondos), cargos que él ha negado enfáticamente.
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