Una década le tomó al colectivo Yasunidos lograr que se dé paso a la consulta popular para que los ecuatorianos decidan si mantienen o no el crudo del bloque 43 bajo tierra.
Pero, ¿cómo está conformado el bloque 43 o ITT? Se trata del área de la selva amazónica comprendida por los campos petroleros de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, y que es parte de la reserva ecológica Yasuní. Actualmente es el cuarto bloque de mayor explotación de petróleo del país y produce, en promedio, 55 000 barriles al día.
La explotación del ITT se inició tras la firma del Decreto 74, del 15 de agosto de 2013, por parte del entonces presidente Rafael Correa. En él se estableció que la extracción estaría a cargo de la empresa estatal Petroamazonas. En enero de 2021, Petroecuador y Petroamazonas se fusionaron. El ITT está a cargo del Estado.
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Pueblos indígenas aislados
Sin embargo, referirse al bloque 43 no es hablar únicamente de petróleo. En el parque Yasuní viven los Tagaeri y Taromenane, los dos últimos pueblos indígenas aislados de forma voluntaria en Ecuador. Y esa es una de las razones por las que el colectivo Yasunidos calificó de “muy positivo” el fallo de la Corte Constitucional.
Sostienen que las actividades petroleras en la zona afectan al territorio ancestral de esos pueblos. Además, que acaban con sus recursos naturales y cambian su modo de vida. En ese sentido, cualquier intromisión en ese territorio pondría en riesgo la vida de los pueblos que lo habitan y de su biodiversidad.
Sin embargo, para el exministro de Energía, René Ortiz, la actividad petrolera de la zona tiene un impacto ambiental mínimo. Asegura que se usa tecnología de perforación y desarrollo horizontal y que esto permite reducir el espacio utilizado en superficie y transportar el crudo sin afectar el medioambiente.
Ingresos para Ecuador
Por otra parte, el ministro de Energía, Fernando Santos, sostiene que si gana el sí en la consulta popular se perderían unos 1 200 millones de dólares al año.
Desde 2017, del bloque 43 se han extraído cerca de 122 millones de barriles. Y según Petroecuador, entre 2017 y 2022, ha generado una utilidad a favor del Estado de 5 923 millones de dólares.
La proyección era aumentar la producción de petróleo en la zona porque Petroecuador estima que 136 millones de barriles de crudo todavía no se han explotado en el ITT.
Además, Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, asegura que en ese bloque existe una inversión de 1 800 millones de dólares en facilidades petroleras. Para ser desmontadas, en caso de que gane el sí, se necesitaría 500 millones de dólares y en caso de suspender la actividad petrolera se terminaría con 915 contratos de trabajo.
Sin embargo, Yasunidos sostiene que la explotación no es rentable porque en la zona se ha encontrado crudo de elevada densidad, lo cual reduce su precio y eleva los costos de extracción.
También dicen que la supuesta pérdida de 1.200 millones de dólares al año «no es real» porque para calcular la cifra solo se habría tomado en cuenta el precio de exportación y no los gastos de producción, infraestructura y servicios.
“El petróleo no sale gratis, cuesta extraerlo. Por ejemplo, el 15% de la energía a nivel nacional se va en la extracción petrolera. Luego de esto la adquisición de toda la infraestructura, los servicios que hay alrededor del petróleo tienen un valor”, sostiene Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos.
Además, ese petróleo viene con gran cantidad de agua, según Bermeo. “Por cada 100 barriles, de 92 a 94 son de agua, de una agua tóxica que tiene que reinyectarse en otro bloque petrolero”.
Venta de petróleo
Petroecuador, además, asegura que la consulta popular sobre el ITT amenaza la capacidad del Estado para cumplir con las entregas de petróleo comprometidas en las preventas con empresas internacionales
El exministro Ortiz sostiene que incumplir contratos internacionales podría generar consecuencias graves. Por ejemplo, se abriría la posibilidad a juicios y a la responsabilidad de pagar fuertes indemnizaciones en caso de perder.
Con respecto a esto, la Corte Constitucional argumentó que los contratos no se refieren específicamente al petróleo que se extrae del bloque 43. Además, dijo que el superávit en la producción petrolera relacionada con los contratos de preventa no hace indispensable la explotación del ITT. La Corte Constitucional dio esta repuesta cuando emitió el dictamen favorable para la consulta popular.
A esto se suma que en el bloque no se ha suscrito contrato alguno de participación y que la mayoría de contratos de prestación de servicios están por vencer entre 2023 y 2024.
Uso de ingresos petroleros
Otro argumento a favor del extractivismo en la zona es que parte de los ingresos petroleros están destinados a salud y educación. Por lo tanto, si gana el sí en la consulta, estos sectores podrían ver disminuidas sus asignaciones.
Además, Walter Spurrier, analista económico, sostiene que la medida generaría un impacto social pues «a las comunidades quichua y waorani que viven en ese sector se les acaba el apoyo económico de las ventas petroleras que le da Petroecuador. Esas comunidades están muy preocupadas del impacto que van a tener sobre ellas”.
Luis Tabango, dirigente de la comuna Puerto Quinche, una de las cinco de influencia directa en el bloque 43, asegura que en 10 años han logrado establecer varios convenios con Petroecuador que han hecho que su comunidad logre desarrollarse. Entre ellos, planes relacionados con trabajo, educación, salud y economía.
Además, dirigentes indígenas aseguran que hay temor de un mayor abandono del Estado si se detiene la extracción petrolera en la zona. “Petroecuador tiene un compromiso para la construcción de aulas y viviendas. Si se suspenden las actividades en ITT no vamos a tener ese beneficio”, señala Akaw Yatebe, dirigente de la comunidad Kawymeno.
Sin embargo, Yasunidos sostiene que pese a los elevados precios del petróleo desde 2020, el Gobierno no ha destinado esos ingresos adicionales al área social. De hecho, dicen «que el gasto público en educación y salud ha alcanzado en 2022 uno de los valores más bajos de los últimos años».
¿Ahora qué pasará?
La Corte Constitucional dejó claro lo que debe pasar si gana el sí. De manera progresiva y ordenada se deberá retirar toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el ITT, en máximo un año, contado desde la notificación de los resultados de la consulta.
Independientemente del resultado, la consulta popular es un precedente inédito, pues por primera vez en el mundo se consulta a los ciudadanos si dejan o no el crudo bajo tierra. Así que también es una reivindicación al ejercicio de los derechos de participación de los ecuatorianos.
La medida también podría servir para buscar e implementar otras formas de generación de recursos en Ecuador.
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