Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia durante la Administración de Rafael Correa, llegó esta tarde a Ecuador extraditado desde España.
Romero -investigado en un caso de intento de secuestro en Colombia de Fernando Balda, opositor de Rafael Correa-, llegó en una aerolínea comercial en torno a las 17.30 hora loca (21.30 GMT).
Desde Madrid se informó que la Audiencia Nacional española entregó a Romero este viernes a Ecuador.
El ecuatoriano fue detenido el pasado 18 de febrero por orden de la Audiencia Nacional española y se ordenó su ingreso en prisión a la espera de formalizar su entrega, a la que se procedió este viernes, informaron a Efe fuentes jurídicas.
El arresto se produjo veinte meses después de que la Justicia española lo dejara en libertad tras su primera detención en España por su presunta implicación en el intento de secuestro de Balda.
Una vez que las autoridades ecuatorianas solicitaron la entrega del antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, la Audiencia Nacional española accedió a la extradición.
La jueza ecuatoriana Daniella Camacho considera que Romero es el presunto responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, supuestamente intentaron secuestrar a Balda en agosto de 2012 en Colombia.
Balda estuvo retenido durante unos noventa minutos, pero la Policía colombiana frustró el secuestro a raíz de la llamada de un taxista.
Por esta causa fueron condenados dos agentes secretos ecuatorianos a un año y nueve meses de prisión, dado que ambos colaboraron con la Justicia y señalaron al expresidente Correa (2007-2017) y a Romero Quezada como presuntos responsables de ordenar el secuestro.
Romero Quezada solicitó asilo político en España, pero no se le notificó una respuesta, según indicaron a Efe fuentes de su entorno.
La organización Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (RED) ecuatoriana ha rechazado la entrega a Ecuador de quien consideran «un perseguido político», según su secretario general, Manel García, quien la atribuye a una presunta «persecución política sistemática» a quienes participaron del Gobierno de Correa. EFE