La exasambleísta Bella Jiménez, procesada como autora del presunto delito de concusión, portará grillete electrónico. En el caso también están procesados su hijo, Jorge P.; su hermano, Jimmy J.; y Elena O., su cuñada, como cómplices.
La resolución la tomó el juez nacional Marco Rodríguez tras la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló el martes 8 de octubre del 2024, informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 9.
Además del grillete electrónico, la exlegisladora y sus familiares deben presentarse de forma periódica ante la autoridad competente y tienen prohibición de salida del país. También se ordenó retener sus cuentas por un valor de 5.520 dólares a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa.
El magistrado también dispuso la prohibición de enajenar bienes por 20.000 dólares a la imputada en el grado de autora y por 10.500 dólares a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral.
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De acuerdo con la Fiscalía, la teoría del caso es que una vez que la exasambleísta se posesionó en el cargo, cobró 3.000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.
Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.
Pero este no es el único hecho que Fiscalía investiga. Aseguran que Jiménez, continuó con los abusos de su cargo ya que, en la misma fecha, su cuñada habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional, en el despacho legislativo de Bella J. Para el efecto, habría exigido 6.000 dólares, a cambio de su contratación.
Una parte del dinero, dice Fiscalía, se entregó al hermano de la entonces legisladora, Jimmy J., a través de un cheque, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se efectivice la contratación.
La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.
Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella J. en la Asamblea Nacional. También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso.
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