Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez es llamado a juicio por presunto sabotaje

El exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor, fue llamado a juicio por el presunto delito de sabotaje. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Julia Elena Vásquez, ratificó las medidas cautelares que prohíben su salida del país y la enajenación de sus bienes.

La audiencia preparatoria de juicio se desarrolló la tarde del martes 24 de septiembre del 2024. En la diligencia, el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, detalló que el exalcalde Elías Baldor se aprovechó de su cargo y convocó a reuniones públicas en abril del 2022 a los residentes de la comunidad La Florida, en el cantón Santa Isabel.

Según la Fiscalía, en estas reuniones, Baldor «habría influenciado e incitado a la comunidad a obstaculizar la vía pública e impedir la libre circulación vehicular».

En un comunicado el Ministerio Público informó que el argumento del exalcalde fue que en la comunidad operaba una concesión minera que carecía de los permisos de uso de suelo. Además que la empresa no había pagado las tasas correspondientes al municipio de Camilo Ponce Enríquez.

Lea también:

Sin embargo, la compañía presentó la documentación que justifica la legalidad de sus actividades mineras, incluyendo las escrituras públicas de los terrenos donde opera, los cuales se encuentran en el cantón Santa Isabel, fuera de la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez.

Además, la Fiscalía sostiene que luego de las reuniones Baldor improvisó un control vehicular en la vía pública. Lo hizo custodiado por un grupo de personas con el fin de impedir la circulación de volquetes que trabajaban para empresas mineras, restringiendo así la movilidad de otros vehículos y peatones.

El 3 de mayo de 2022, bajo la dirección de Elías Baldor B., el personal del Municipio de Camilo Ponce Enríquez utilizó maquinaria institucional para abrir varias zanjas de dos a tres metros de ancho, dañando la tubería de drenaje de la carretera Pijilí-Santa Teresita-Bella Aurora, ubicada en el cantón Santa Isabel.

«Esta acción habría impedido el libre tránsito de vehículos y peatones, provocando la paralización de actividades en la zona», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

También en Teleamazonas: