El Gobierno aseguró que «están en marcha» acciones institucionales para mejorar la situación carcelaria.
Esto, en línea con las recientes recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«En cuanto a lo que compete al Estado, los principales puntos que ha pedido (la CIDH) están en marcha», manifestó en rueda de prensa el consejero de Gobierno, Carlos Jijón.
Detalló que aquellas recomendaciones que tienen que ver con la institucionalidad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) «están en funcionamiento».
Y citó entre ellas, la creación de una plataforma para la elaboración del censo penitenciario para «conocer de mejor manera la realidad en las cárceles», y la implementación de una «verdadera política de rehabilitación» en los centros penitenciarios.
La CIDH expresó que la solución a la crisis de violencia en las cárceles de Ecuador pasa por que el Estado recupere el control de las prisiones.
Y desarrolle una política que priorice la prevención del delito y no el encarcelamiento.
Lo hizo en un informe que siguió la visita realizada en diciembre pasado, en el que dio pautas a Ecuador para abordar la crisis.
El organismo interamericano también recomendó la asignación de más guardias penitenciarios.
La reducción de la prisión preventiva, y una mejora en las condiciones carcelarias para paliar la crisis que atraviesa el país.
Ecuador lanzó el mes pasado una nueva política que busca cambiar las condiciones carcelarias y de reinserción de los privados de la libertad.
Cuenta con un presupuesto de aproximadamente 27 millones de dólares.
Otros temas
Por otra parte, Jijón consideró «que se ha dado un avance muy importante» en aras de lograr la reactivación económica con la autorización del 100 % del aforo permitido en los establecimientos de todo el país por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, entidad encargada de gestionar la pandemia.
El consejero adelantó que el presidente, Guillermo Lasso, tiene previsto iniciar un diálogo con varios sectores sociales.
Esto, con el objeto de elaborar una nueva legislación sobre recursos hídricos, en cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional.