Emilio Suárez: La Comisión va a tener que instalarse y la CC verificará cuál es el impacto

“La Corte no va a dejar sin efecto la resolución nada más por el pedido de la Presidencia. Finalmente la Comisión va a tener que instalarse y la Corte verificará cuál es el impacto”, dice Emilio Suárez, abogado constitucionalista, sobre la resolución de la Corte Constitucional que ordena la creación de una Comisión de Seguridad.

«Lo que viene es la fase de ejecución del dictamen y la Corte Puede evaluar el impacto de sus medidas», indicó Suárez este jueves 3 de abril del 2025 en el espacio Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Suárez recalca que la CC es clara en su dictamen al decir que Ecuador lleva más de cuatro años en estado de excepción. Por ello, dice, intenta resolver el tema en su resolución, sobre todo porque la ciudadanía ha “normalizado el estado de excepción”.

“El estado de excepción está creado constitucionalmente para solventar situaciones extraordinarias y la criminalidad en el país ya pasó de ser una situación extraordinaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Constitución, a ser un tema ordinario”, indicó Suárez.

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Además, Suárez considera que el Gobierno “comete un error” al decir que la Corte Constitucional no puede crear política pública. Asegura que ese no es el objetivo de la Corte, sino que la comisión busca que la Comisión de Seguridad articule a todas las funciones del Estado para resolver el tema de seguridad.

«Finalmente la Corte no va a tomar partido en estas decisiones», precisa Suárez. Además, indica que este tipo de comisiones se han creado en otras ocasiones. Añade que la CC no incurre en una intromisión de funciones.

Suárez considera que el trabajo de la Comisión puede ser similar a las funciones del Cosepe y del Consejo Nacional de Criminalidad, cuyo trabajo es crear política pública para combatir la criminalidad. Sin embargo, dice que la CC da paso a la Comisión por la «falta de voluntad de estos órganos y la descoordinación entre las funciones del Estado».

El constitucionalista recalca que la resolución no puede darse de baja solo por pedido de la Presidencia, sino que debe ejecutarse y en el futuro analizará cuál es el impacto que tuvo la medida.

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