El Consejo de la Judicatura ya tiene lista una agenda para la selección de conjueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Álvaro Román, titular de ese organismo, señaló que se trabaja de la mano con la Fiscalía General del Estado para obtener la información jurídica de todos los postulantes.
«Si tenemos esta situación de investigación previa, de sumarios que se archivaron le vamos a dejar a ese postulante que se defienda«, dijo en el espacio de entrevistas de Teleamazonas de este martes 5 de marzo del 2024.
Mencionó que la Judicatura tiene una agenda de trabajo en la que se dará prioridad al concurso de jueces nacionales, que sería convocado en los próximos días. También se convocará a un concurso de jueces a escala nacional y para todos los niveles.
Román añadió que la agenda también contempla una evaluación de jueces y notarios en todo el país. Además, se preocuparán de la infraestructura de las entidades de justicia. Román mencionó que los vocales de la Judicatura presentaron sus observaciones al reglamento para el concurso de jueces y considera que son temas «subsanables».
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«No podemos decir que este reglamento es el mismo de Wilman Terán, eso hay que descartar. Lo primero que estamos haciendo es un reglamento conforme a la integridad moral y ética», explicó.
Respecto a los jueces involucrados en casos de corrupción, el funcionario sostuvo que desde la Judicatura «no se puede estar atrás de cada juez«. Román considera que la tarea de la entidad es «tratar de escoger a los mejores». Señala que desde que ingresó a la administración, se cambió a los 24 directores provinciales del Consejo de la Judicatura.
«Hicimos una selección adecuada de cuadros y busqué gente que no tenga relación política, gente que sea decente», dice Román. Según él, hasta el momento no hay quejas de los directores provinciales.
Entre los destituidos está Mercedes Villareal, exdirectora disciplinaria de la Judicatura, que es investigada en el caso Purga y se encuentra prófuga de la justicia. Román precisó que la exfuncionaria archivó sumarios que podrían terminar en destitución.
Según dijo, se hizo un informe en el que también se incluyó a funcionarios de Manabí y Los Ríos. Explicó que ellos «no tenían competencia para eso«.
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