En tres años las audiencias fallidas en el sistema judicial se incrementaron en un 40%. De las más de 174 000 audiencias que fueron convocadas para 2021, según datos de la Fiscalía, más 76 000 fueron declaradas como fallidas.
La cifra de aundiencias fallidas representa un número considerablemente mayor si se compara con 2018 cuando sólo el 3,1% eran declaradas fallidas.
A pesar de trasladar extensos expedientes penales o que las partes procesales están presentes en la sala de audiencias, las diligencias tienen casi un 50% de probabilidades de no instalarse.
Sólo en 2021 de las 174 141 audiencias convocadas, 98 778 lograrán llevarse a cabo, es decir, un 43,52 % se declararon fallidas.
Estas cifras evidencian un problema en la función judicial, pues se ha incrementado en forma progresiva.
Según datos del Consejo de la Judicatura en su rendición de cuentas 2018 ese año sólo 3,1% eran declaradas fallidas.
De acuerdo a los datos de ese mismo año, con un gasto promedio por audiencia de USD 339,04 dólares en 2021 las audiencias fallidas tuvieron un costo para el Estado ecuatoriano de USD 25,8 millones.
Estas audiencias no sólo generan el consumo innecesario de tiempo sino también de recursos humanos y económicos.
Del total fallidas, 6 800 fueron diferidas por pedido de Fiscalía, pues existía un cruce con otras diligencias previamente dispuestas; 69 341 por pedido de otras partes procesales.
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