El Pleno del Consejo Nacional Electoral otorgó el certificado de legitimidad democrática a las 753 mil firmas que en 2014 entregó el colectivo Yasunidos para la consulta popular que plantea dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43 del ITT. Lo hizo el martes 27 de septiembre del 2022 y este miércoles 28 remitió la pregunta de la consulta a la Corte Constitucional (CC), para que se califique su constitucionalidad.
Los integrantes del colectivo aseguran que es lo justo para un proceso que se mantuvo trabado por nueve años. «Nosotros exigimos y apelamos a la Corte Constitucional para que no demore, no trabe, no siga vulnerando nuestros derechos de participación», expresó Manai Prado, vocera de Yasunidos.
Sin embargo, en el Gobierno hay preocupación. «No tenemos tiempo para dejar el petróleo bajo tierra», aseguró el ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, consultado en Radio Sucesos sobre la consulta de Yasunidos. «Tenemos necesidades muy importantes en el país», señaló.
¿Cuándo se podría ir a las urnas?
Si la Corte Constitucional aprueba la constitucionalidad de la pregunta, la consulta puede coincidir con el proceso electoral del 5 febrero del 2023 o efectuarse antes o después. Todo depende de la fecha de pronunciamiento de la CC.
«Esperamos la respuesta de la Corte Constitucional; luego de eso tenemos 15 días para convocar al proceso electoral y 60 días, como máximo, para ejecutar», explicó José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, no podrá superar de 75 días, contados desde la resolución de la Corte.
Si ese pronunciamiento se produce en octubre, la consulta con la pregunta de Yasunidos se efectuará antes del 5 de febrero del 2023, cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. De ser así, Cabrera recordó que el costo de la consulta alcanzaría los USD 45, con base en el presupuesto de la consulta del 2018.
«Si (la consulta) empata con las elecciones de febrero (el costo) estaría en unos 15 o 20 millones», señaló Cabrera. La decisión está ahora en la cancha de la Corte Constitucional.
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