La minería ilegal golpea a las zonas más sensibles del Ecuador y este 26 de enero de 2023 fue declarada una amenaza integral la seguridad nacional. La decisión la tomó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado luego de una reunión que evaluó los impactos de esta actividad irregular.
El secretario de seguridad del Gobierno, Diego Ordóñez, contó pocos detalles de la reunión. Él sostuvo que recibieron información reservada de los daños ambientales, laborales y de seguridad que están ocasionado los mineros ilegales en todo el país.
«La minería ilegal moviliza maquinaria pesada, equipos no autorizados y de alta contaminación. Además, es parte de de la cadena de tráfico de armas, explosivos y de lavado de activos», relató el funcionario.
Desde este momento los operativos contra esa actividad ilegal se incrementarán en el país. Estos tendrán el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También con la participación activa de las entidades gubernamentales encargadas de la administración de recursos energéticos y de la protección de la naturaleza.
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Apoyo a las concesiones legales y a la remediación
El Gobierno respaldará decididamente a los proyectos mineros legales. Este fue otro anuncio que realizó el secretario Diego Ordóñez. «Se respaldar a las concesiones legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en vigencias de sus contratos y autorizaciones».
El funcionario recalcó que no se decidió nombrar a los proyectos mineros legales, como zonas de seguridad. Este era una posibilidad que se analizó dentro del Ejecutivo, pero que en este momento no tuvo respaldo.
También anunció que desde Carondelet se impulsará un plan para la remediación de los sitios afectados por los mineros ilegales. Este labor se coordinará con los gobiernos seccionales de cada jurisdicción. Actualmente, las provincias más afectadas están en la Amazonía, Esmeraldas y en la zona sur del país.
Ordoñez sostuvo que se debe evitar de personas «con una agenda política» establecida quieran afectar a las concesiones legales y de las opereaciones. Esta es una alusión directa al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.
Iza encabeza el llamado Frente Antiminero que anunció que no permitirá el ingreso de soldados y policías en las zonas de conflicto con las empresas mineras. También recalcó que buscarán la nulidad de los permisos entregados para la explotación.
«El Estado es un solo y debe ser resguardo en su integridad por las Fuerzas Armadas y la Policía. No existe aquí la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman Guardias Indígenas, pretendan reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía», dijo Ordóñez.
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