La violencia sexual y la maternidad forzada en niñas menores de 14 años continúan siendo una problemática que no se atiende en Ecuador. Así se evidencia en el Informe alternativo de seguimiento del cumplimento del Estado ecuatoriano a la convención sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Este lunes 11 de diciembre de 2023, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y Trenzando Feminismos presentaron el documento que revela cifras alarmantes. En un auditorio repleto de mujeres coreando por sus derechos se ratificó la escasa educación sexual para niñas, niños y adolescentes en Ecuador.
De acuerdo con el informe, desde 2021 a 2023 se registraron 611 abortos en niñas menores de 14 años y se reportan 14 casos de violencia sexual al día. Además, hay un reporte de 4 963 partos de niñas, menores de 14 años, de agosto del 2021 a agosto del 2023.
Por ello, el registro del 2022 muestra que este fue el año con la cifra más alta. En total fueron 21 niñas de 8 años que dieron a luz en Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Sucumbíos, territorios con la mayor prevalencia de población indígena, afrodescendiente y montubia.
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La Fundación Desafío habla de una doble población vulnerabilidad por la maternidad infantil: las niñas que son obligadas a ser madres y sus hijos que sufren consecuencias como empobrecimiento, desnutrición, falta de acceso y proyecto de vida, entre otros.
Asimismo, ratifican que hay un subregistro amplio, pero que con estos datos reportados se enciende una alarma de la realidad del Ecuador. Del 2011 al 2023 en el sistema de salud pública, 611 niñas de 14 años fueron atendidas por abortos, tras quedar embarazadas por violación. Y de forma anual de 2 000 a 3 000 niños y niñas son víctimas de abuso sexual, pero apenas 14 denuncias llegan a la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón, Lizzie Ernest, de coalición nacional de mujeres, indica que estos datos muestran la importancia de tratar estos temas para que los menores de edad no se enfrenten a situaciones críticas. Y las organizaciones apuntan, a que a pesar de que la normativa en protección de derechos existe, hace falta la voluntad política para aplicarla.