Petroecuador emitió una declaratoria de fuerza mayor, que rige desde el pasado 16 de marzo de 2023, en cuatro campos que han sido tomados por comunidades. Este y otros factores llevan a que el país revise las proyecciones de producción de petróleo para este 2023.
Entre los espacios que han sido tomados están el Bloque 16 Repsol, Bloque 12 Edén Yuturi, Bloque 61 Auca y Bloque 43 Ishpingo. Además, las autoridades del ramo aseguran que cerca de 40 pozos están fuera de servicio.
De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, también se han identificado varios problemas de producción y por eso es importante tener previsiones. En este sentido, Ecuador no cumplirá con la meta de 520 000 barriles diarios de petróleo, que fue lo proyectado en el Presupuesto General del Estado.
“Quizá en unos 480 a 490 000 barriles se podrá cerrar el año 2023. No hay que inflar las expectativas”, dijo el ministro Santos.
Además dijo que otro problema es que cuando un pozo se cierra intempestivamente se puede causar daños porque se acumula sedimento y la bomba que empuja el petróleo hacia la superficie se traba.
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Por su parte, Petroecuador informó en un comunicado que solicitará el apoyo de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de resguardar las instalaciones y salvaguardar la integridad de los trabajadores y de las operaciones.
Las autoridades aseguran que las comunidades han puesto exigencias difíciles de cumplir, a tal punto que se ha llegado a pedir que se compren apartamentos en sitios privilegiados de Quito. “Piden que a todo habitante de la comunidad se le afilie a la Seguridad Social, que a las madres solteras se les dé un bono y que a los ancianos se les jubile sin haber estado afiliados”, asegura el ministro.
Actualmente, la producción petrolera del país asciende a 400 000 barriles por día. La situación es preocupante porque a la baja de producción se suma la de los precios. En 2022, Ecuador vendía el barril de petróleo en 86 dólares y actualmente se vende en 56.
La declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito es una cláusula contractual que aplica a las operaciones relacionadas con los contratos en ejecución, de actividades exploratorias y de extracción de hidrocarburos. Esta evita sanciones por parte de operadoras internacionales ante un posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.
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